Aborto por embarazo infantil no se puede postergar más, según feministas

El caso de una niña que fue violada y embarazada antes de los 13 años y el posterior secuestro de la bebé de nueve meses por parte del papá, vuelve a dejar manifiesta la necesidad urgente de que el país valide el aborto en casos de abuso infantil.

Para ello, no sería necesario aprobar una ley, ni tampoco modificar el protocolo ya existente de aborto terapéutico, según varias líderes feministas consultadas por LA REPÚBLICA.

El hecho de que la interrupción del embarazo en Costa Rica se pueda aplicar en los casos en que se ponga en riesgo la salud y la vida de la niña, abriría un portillo legal para aplicar el aborto.

Esto, porque hoy día se considera que mujeres menores de 15 años están en grave riesgo al enfrentar un embarazo.

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“La normativa ya establece que la interrupción del embarazo no es punible si se realiza para evitar un peligro para la vida o salud de la mujer y desde una perspectiva médica, el impacto negativo que tiene un embarazo en la salud integral de una niña de 13 años es real desde el punto de vista psicológico y biológico. Por ello, la ley actual debería ser suficiente”, dijo Margarita Salas, excomisionada para asuntos LGTBIQ+.

Lamentablemente, agrega Salas, las autoridades políticas y sanitarias “han insistido en hacer interpretaciones restrictivas que van más allá de la ley”.

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Por otra parte, desde la perspectiva legal también es cierto que el caso en cuestión se trata de una violación.

En ese sentido, la legislación es cristalina. El artículo 156 del código penal establece que toda relación sexual con personas menores de 13 años está tipificada como una violación y tiene una pena de cárcel de diez a 16 años.

Hasta el momento, las autoridades han actuado con gran negligencia en este caso, no solo porque el PANI sabía de la situación, sino también porque la fiscalía llegó a desestimar una investigación, sin importar que se trataba de una menor que quedó embaraza antes de cumplir 13 años, indicó Patricia Mora, exministra de la Condición de la Mujer.

“Realmente hubo negligencia en las instancias que tenían el deber de atender esta situación que hoy el país tiene ante sus ojos. El hecho de que los embarazos infantiles se mantengan en cifras altas, está señalándonos la urgencia de que se fortalezcan los mecanismos que refuercen la educación sexual, a la vez que es momento de hacer un alto en el camino, desgraciadamente, en un momento de tanto dolor como este, para replantear lo que estamos haciendo”, dijo Mora.

La exministra aseveró que cuando ella estuvo al frente del Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu), abogó por incluir la violación a menores como causal explícita de aborto en la norma técnica.

Entre el 2018 y el año pasado, 1.165 niñas y adolescentes menores de 15 años se convirtieron en madres, según datos del INEC, mientras que se reportaron 1.935 violaciones contra menores de edad para el año 2020, según las estadísticas del Observatorio de Género del Poder Judicial.

Aunque el aborto por violación no se practica en Costa Rica, ya en varias ocasiones organismos internacionales han pedido al país tomar cartas en el asunto, indicó Larissa Arroyo, abogada especialista en materia de género y derechos humanos.

Por ejemplo, Costa Rica ha recibido recomendaciones reiteradas por parte de la CEDAW, que es el comité para la eliminación de toda forma de discriminación contra las mujeres. En el 2017 se le recomendó al país el permitir el aborto por violación, incesto y malformaciones incompatibles con la vida extrauterina, así como despenalizarlo en todas las otras circunstancias.

Esta recomendación fue reiterada este año en un nuevo informe que pronto será dado a conocer.

El otro ente que ya recomendó a Costa Rica legalizar el aborto en casos de violación es el comité de derechos del niño, porque se considera que es una gravísima violación en los derechos del niño.