Acuerdo de Escazú, para proteger a ambientalistas, llega a agenda legislativa

El Acuerdo de Escazú, cuya finalidad es proteger el acceso a la información, participación pública y a la justicia en asuntos ambientales en América Latina, fue convocado finalmente por el Poder Ejecutivo para su votación en la Asamblea Legislativa.

La decisión llega después de la presión de varios grupos ambientalistas, e incluso diputados, que argumentaban que la imagen verde del país podía verse afectada si no se ratificaba dicho tratado, firmado en Escazú hace tres años.

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El Acuerdo entra en vigor el próximo 22 abril, periodo en el que los diputados deberán votar afirmativamente el proyecto, al que se oponen grupos empresariales, debido a que presuntamente afecta la seguridad jurídica del país y tendría aspectos que chocan con la constitucionalidad.

Por otra parte, 12 de los 24 países firmantes ya lo ratificaron, y se necesitaba que al menos once lo hicieran, para que el tratado entrara en efecto.

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La ratificación del Acuerdo es necesaria para dar protección jurídica a las personas defensoras del ambiente, que muchas veces son silenciadas por intereses económicos, apunta el Programa Kioscos Socioambientales de la UCR.

América Latina es la región del mundo que más registra asesinatos de activistas ambientalistas, de acuerdo con cifras de Global Witness.

Solo en 2019 hubo 148, sumando el del indígena Sergio Rojas en Costa Rica.