Administración de Conavi evaluará su sistema de control y pide investigación a auditoría interna por caso Cochinilla

Luego del escándalo que derivó el caso Cochinilla, en el que se habrían desviado ¢78 mil millones del programa vial para favorecer empresas constructoras, la administración de Conavi acordó este martes una serie de medidas para tratar de esclarecer lo sucedido y de cerrar portillos para el futuro.

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Destacan entre ellas el “promover una evaluación del sistema de control interno institucional para detectar las debilidades y deficiencias que facilitaron las presuntas irregularidades denunciadas en la causa penal…”

Además, instruyeron a la auditoría interna de Conavi –con el apoyo de la del Ministerio de Obras Públicas y Transportes– a realizar las investigaciones preliminares necesarias a los funcionarios y empresas involucrados en los supuestos hechos de corrupción.

Esta entidad deberá rendir un informe en 10 días naturales sobre las posibles medidas cautelares que se deben ejercer con los funcionarios señalados e ir entregando adelantos de la investigación periódicamente.

También pidieron a la Procuraduría de la Ética Pública que “investigue cualquier otro asunto contrario al deber de probidad en la función pública” y a la Contraloría a que “ejerza las competencias establecidas por ley con relación a la tutela y protección de los recursos públicos”.

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Igualmente hicieron un llamado a los funcionarios de la entidad para que presenten ante el Ministerio Público cualquier información sobre eventuales actos de corrupción que conozcan y tengan documentados.

Por último, los administradores del Conavi se pusieron a disposición del Ministerio Público para colaborar, en forma decidida, en todo el proceso que se lleva sobre la institución a nuestro cargo.