Albino Vargas: “La deslegitimación política de Carlos Alvarado toca fondo”
Mariangel Obando [email protected] | Lunes 14 junio, 2021 11:50 a. m.
La investigación que se desarrolla hoy por el supuesto pago de sobornos a funcionarios para favorecer a empresas que construyen obra pública, implica que “la deslegitimación política de Carlos Alvarado tocó fondo”, según Albino Vargas, secretario general de la ANEP.
“Pese a la honestidad de la mayoría del personal del MOPT, siempre creímos que éste es el ministerio más corrupto”, dijo Vargas en su cuenta de Twitter.
Para el sindicalista siempre llamó la atención el dinero en construcción de infraestructura que nunca se terminaba, o que en medio proceso se subía el costo de los proyectos.
“La deslegitimación política de Alvarado toca fondo y cae al abismo de la desacreditación presidencial nunca antes dada en la vida republicana costarricense: su asesor político-confidencial, su asesor “estrella” ha sido detenido”, indicó Vargas.
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La investigación que realiza el Organismo de Investigación Judicial por el supuesto pago de sobornos a unos 20 funcionarios públicos, implicaría el otorgamiento de lotes, viajes, carros y favores sexuales, según Wálter Espinoza, director del OIJ.
Los funcionarios habrían colaborado con el otorgamiento irregular de contratos de obra pública con importantes empresas desarrolladoras del sector privado.
Se trata de las empresas Meco, H Solís, Constructora Herrera y Cacisa, agregó Espinoza.
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Por esta razón, esta mañana el OIJ realizó varios allanamientos en Casa Presidencial, el Ministerio de Obras Públicas y el Consejo Nacional de la Vialidad (Conavi), además de las empresas.
En total son más de 50 puntos allanados.
Peculado, cohecho, malversación de fondos y tráfico de influencias serían los delitos que se están investigando.
Esta esa la segunda vez que la Casa Presidencial es allanada en esta administración, ya que anteriormente, las autoridades judiciales dirigieron operativos en Zapote por el caso de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD).
De momento hay cinco empresas constructoras en investigación, 14 funcionarios de ellas y 19 funcionarios públicos, de acuerdo con el OIJ.
