Avances y Desafíos de la agenda de Gobierno Digital

Mauricio París [email protected] | Viernes 06 agosto, 2021

Tres años han transcurrido desde se adoptó la “Estrategia de Transformación Digital hacia la Costa Rica del Bicentenario 4.0”. El objetivo de la Estrategia era proporcionar una hoja de ruta para que el país potenciara las oportunidades de la Cuarta Revolución Industrial y las nuevas tecnologías aparejadas a ella. Asimismo, que las instituciones del Estado se adaptaran a la dinámica del entorno digital, todo ello con el apoyo del sector privado y los distintos actores de la sociedad civil.

Hoy, ante una nueva realidad potenciada por la pandemia de la COVID-19, con una población cada vez más conectada, conviene repasar los avances logrados en la materia e identificar los enormes retos de transformación digital que aún enfrenta el sector público. De esta manera, se podrán trazar políticas públicas efectivas que permitan materializar la agenda de gobierno digital del país y mejorar con ello la calidad de los servicios públicos y la vida de los ciudadanos. Una pincelada del estado actual de la transformación digital en el país la proporciona el estudio “Retos de la Digitalización en Costa Rica” promovido por el Centro de Promoción de la Competitividad.

Para empezar por lo positivo, el fomento a la inversión privada en banda ancha y el establecimiento de una política regulatoria para el sector Telecomunicaciones es un gran avance. Esto se dio mediante la adopción del Plan Nacional de Telecomunicaciones en el año 2015. También, ha habido progreso en la gestión de riesgos de seguridad digital mediante la implementación, en octubre de 2017, de una Estrategia Nacional de Ciberseguridad y la creación del Centro de Respuesta a Incidentes de Seguridad Informática (CSIRT-CR). La población y las autoridades de Gobierno deben estar preparados para gestionar los crecientes ciberataques y proteger integralmente la información pública.

Por su parte, en implementación de soluciones tecnológicas a nivel gobierno, se han adoptado directrices y decretos dirigidos a fomentar la utilización de las soluciones tecnológicas en la Administración Pública. Se prioriza, aunque aun no lo suficiente, la contratación de servicios en la nube la cual permite un ahorro considerable a las instituciones en la administración de su infraestructura tecnológica y en el hospedaje de la información. Se ha avanzado, además, en la adopción de plataformas digitales para facilitar el desarrollo económico, como, por ejemplo, el Sistema Nacional de Pagos Electrónicos (SINPE), la plataforma “Crear Empresa”, ó la Ventanilla Única para el Comercio Exterior (VUCE). De igual forma, se han creado plataformas dirigidas a mejorar la prestación de servicios esenciales para la población, como es el caso del Expediente Digital Único de Salud (EDUS) de la CCSS, el cual demostró ser esencial para la atención de la pandemia.

Otro hito destacable en la materia fue la reciente aprobación de la “Ley de Creación de la Agencia Nacional de Gobierno Digital”, la cual entrará en vigor a partir de su publicación. Con esta ley, esta Agencia será ahora el órgano encargado de implementar y ejecutar los servicios y los proyectos transversales o estratégicos para las instituciones de la Administración Pública en materia de gobierno digital, con el fin de proveer a la ciudadanía un acceso simple, ágil, seguro y transparente a los servicios que ofrecen las instituciones del Estado.

A pesar de los progresos apuntados, aún tenemos múltiples desafíos y tareas pendientes por abordar, sobre todo si nos comparamos con países que nos llevan ventaja en materia de digitalización, como Colombia. Por ello, el estudio indicado propone las siguientes recomendaciones de política pública que permitirán avanzar en las metas país en materia de digitalización:

Optimizar el uso y distribución del espectro para el despliegue de las redes 5G. La transformación digital exige redes de telecomunicaciones resilientes de nueva generación, por lo que resulta imprescindible recuperar las bandas del espectro que son necesarias para desplegar la red de 5G y que hoy en día están en posesión de terceros.

Promover la ciencia de datos, la computación en la nube y la inteligencia artificial para la toma de decisiones. Estas novedosas tecnologías son aliadas de los Gobiernos porque facilitan el diseño de políticas públicas informadas y la ejecución eficiente de tareas administrativas dirigidas a resolver los problemas que aquejan a la ciudadanía, eso sí, garantizando la privacidad de los ciudadanos y el respeto de la normativa de protección de datos personales. El país debe apostar por invertir en tecnología que, a la larga, le ahorrará cuantiosos recursos.

Diseñar e implementar un portal único digital para la realización de trámites gubernamentales, como ya lo ha hecho Colombia, y alentar proactivamente a la Administración, instituciones autónomas y empresas públicas para poblarlo. La ANGD podría hacer de éste su proyecto prioritario, debido al evidente impacto positivo que tendría en la población. Eso sí, este esfuerzo deberá acompañarse de iniciativas que provean una identidad digital segura, garantizando en todo momento la protección de los datos personales y la seguridad de la información.

Evaluar las Alianzas Público-Privadas (APPs) como posible mecanismo para el desarrollo y financiamiento de proyectos tecnológicos con entidades públicas, así como la implementación de soluciones GOVTECH para solventar limitaciones de recursos.

Fomentar las tecnologías digitales para el turismo y el desarrollo sostenible, así como los emprendimientos de base digital, en línea con lo establecido en la Estrategia de Bioeconomía. Costa Rica debe aprovechar la tecnología para promocionar sus recursos naturales y seguir posicionándose como destino predilecto del turismo mundial.

Subyacente a todas estas medidas está la alfabetización digital. De poco servirán los esfuerzos por digitalizar las instituciones del Gobierno y los servicios públicos, si la población no tiene el conocimiento ni la capacidad de interactuar y ejercer sus derechos en el entorno digital.

En la coyuntura electoral en la que el país se encuentra inmerso, es fundamental que cada agrupación política desarrolle en sus programas de gobierno sus propuestas en materia de transformación digital, para que el electorado pueda medir este rubro dentro del componente de la oferta electoral.

La tecnología dejó de ser una aspiración y se convirtió en una necesidad. Costa Rica debe fijar metas ambiciosas y establecer mecanismos de dotación de recursos para garantizar el cumplimiento de la agenda nacional digital. En este momento histórico, la transformación digital es prioridad.

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