“Cerrar instituciones debe incluirse en Ley del Empleo Público”, empresarios

Hoja de ruta

Establecer un salario único y cerrar instituciones duplicadas son algunas de las recomendaciones del sector productivo para la nueva Ley de Empleo que debería enviar el Gobierno a la Asamblea Legislativa.

Ileana Aguilar

Presidenta
Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos

Es evidente que un país que tiene un déficit fiscal importante, que una parte del presupuesto ordinario se financia mediante deuda pública y que debe destinar gran cantidad de los recursos del presupuesto al pago de intereses de deuda debe buscar la eficiencia en el sector público y evitar, a toda costa, la duplicación de funciones por parte de instituciones.
Por otra parte, se deben equiparar, en la medida de lo posible, los salarios de los funcionarios para puestos similares, dado que actualmente es posible encontrar grandes diferencias.
El monto del ahorro debe ser el máximo posible, pero sin atropellar los derechos adquiridos.

Enrique Egloff

Presidente
Cámara de Industrias

Lo que conviene es una reestructuración para evitar la duplicación y fomentar la productividad.
Existen varias áreas que han sido consideradas objeto de reforma institucional como lo son las referidas a la construcción de obra pública (Mopt, Conavi, CNC, Cosevi); por supuesto, toda el área de asistencia social con más de 23 instituciones manejando programas, también en el sector público relacionado con vivienda (Ministerio de Vivienda, Banhvi, INVU) y también se tendría que avanzar con posibles reformas institucionales en el apoyo de los sectores productivos, particularmente en el sector agropecuario (MAG, CNP, Incopesca, Inder).

Gonzalo Delgado

Presidente
Uccaep

Es importante proponer un salario único, evaluar el desempeño como requisito para la asignación de beneficios, reclutar con base en la idoneidad comprobada y el establecimiento de un tope máximo de salarios para jerarcas.
Sin embargo, es relevante establecer un adecuado sistema para medir la eficiencia en la función pública.
Establecer multas, procedimientos o sanciones asociadas al incumplimiento de la ley también es fundamental.
El objetivo de la ley debe ser regular la materia de empleo público y asegurar la eficiencia y eficacia en la prestación de bienes y servicios públicos, lo cual el sector privado productivo ve con buenos ojos, pues actualmente existen grandes diferencias entre las remuneraciones del sector público y las del sector privado.

Alonso Elizondo

Director ejecutivo
Cámara de Comercio

Una ley de empleo debe incluir la creación de las categorías de puestos y un salario global que debe estar relacionado con la productividad de cada trabajador. Además, debe hacer evaluación por desempeño y la eliminación de cualquier “plus” automático.
Los mayores impactos salariales, desde el punto de vista fiscal, provienen de instituciones que no están en el Gobierno Central.
En ese sentido, urge ordenar el régimen de empleo público, y que cuando las negociaciones con trabajadores impacten las finanzas públicas, se pase por el aval de Hacienda, y si impacta tarifas de servicios, deben ser publicadas antes.

Kattia Madrigal

Directora de Investigación y Desarrollo Técnico
Cámara de la Construcción

Deberíamos avanzar hacia un marco unificado, y que las únicas excepciones sean las instituciones descentralizadas que están en mercados abiertos a la competencia.
Es necesario promover una discusión más amplia de este tema, y con participación del sector privado, como usuario de los servicios que brindan los funcionarios públicos y teniendo en cuenta que los impuestos que financian esos salarios provienen del pago de impuestos.
Reformar las remuneraciones del empleo público para que correspondan a la realidad fiscal del país es un complemento indispensable.