¿Dónde está el dinero para el referéndum de la Ley Jaguar?

Por: Alberto Cabezas

Presidente de la Asociación Agencia para el desarrollo accesible sin fronteras

La cancelación del referéndum para la Ley Jaguar ha generado frustración y cuestionamientos entre la ciudadanía costarricense. Ha sido aplazado indefinidamente por falta de presupuesto y por el aparente desacuerdo de algunos sectores sobre la propuesta legislativa actual, la cual consideran necesita reformas. Ante esto, surge una interrogante difícil de ignorar: si Costa Rica puede permitirse gastos en proyectos cuestionables, ¿por qué no hay recursos para una consulta popular que empodere a los ciudadanos?

La expresidenta de Costa Rica criticó la reciente visita del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, afirmando que "la Costa Rica que hoy ha recibido es la que se conforma con las migajas de un gobernante mediático e inescrupuloso, pero el hambre del estado de derecho para mañana". Este comentario refuerza la percepción de que el país, mientras enfrenta recortes en temas importantes, no recuerda lo duró que ha sido saqueada y tiene actualmente candidatos relacionados con la trocha fronteriza.

Como periodista, administrador de empresas y máster en educación, veo esta situación como una oportunidad para hacer una profunda reflexión sobre nuestras prioridades nacionales y la transparencia en el manejo de los fondos públicos. La cancelación del referéndum de la Ley Jaguar recuerda casos como el de la trocha fronteriza, un proyecto que, aunque prometía desarrollo y seguridad en la zona limítrofe con Nicaragua, se convirtió en un símbolo de despilfarro y corrupción.

Los informes sobre su ejecución indican que los costos se inflaron a más de 40 mil millones de colones, cuando se estimaba que la obra podría haberse realizado con una fracción de esa cifra.

El referéndum de la Ley Jaguar habría costado aproximadamente entre 2,800 y 3,000 millones de colones, una cantidad significativa, pero aún pequeña en comparación con lo gastado en la trocha.

La herramienta del referéndum es esencial en una democracia que busca dar voz a sus ciudadanos en temas clave, y suspenderla con el argumento de falta de fondos es un retroceso. Este tipo de consulta popular representa una inversión en la formación de ciudadanos comprometidos y en una cultura de participación, necesaria para que Costa Rica siga siendo un país modelo en la región.

La trocha fronteriza fue una obra prometida , fallida, , lamentablemente, las palabras de la entonces periodista de Canal 7 en el 2017 y actual diputada Pilar Cisneros, con su titular en dicho medio “Presidenta afirma que en la trocha no hay errores sino " faltantes" siguen resonando en la actualidad. Nos habló de "faltantes" y de cómo esa obra se convirtió en un símbolo de despilfarro y enriquecimiento ilícito a costa del erario público.

Hoy, mientras se argumenta la falta de recursos para el referéndum, es inevitable preguntarse: ¿dónde quedó ese dinero que bien podría haber financiado este tipo de consultas populares?

Es fundamental exigir una rendición de cuentas completa y honesta de proyectos como el de la trocha, que no solo representaron una pérdida financiera, sino un daño a la confianza pública.

Si esos fondos mal administrados se hubieran canalizado correctamente, consultas como el referéndum de la Ley Jaguar no se verían obstaculizadas.

La participación ciudadana es un pilar de la democracia, y los recursos para promoverla no deben sacrificarse ni cubrirse mediante deudas adicionales o desatención a otras áreas esenciales del Estado.

Requiere de una administración fiscal íntegra y transparente que garantice el uso adecuado de los fondos, y la confianza de que cada colón invertido en democracia representa los intereses y los valores de Costa Rica.