Hay que regular las plataformas de transporte

El Ministerio de Hacienda anunció que a partir del 1º de agosto se le cobrará un 13% de impuesto al valor agregado a una serie de proveedores de servicios transfronterizos, entre los que se incluyen servicios populares como Netflix, Facebook y Amazon.

Lo que llama poderosamente la atención es que también se incluyera en la lista a las plataformas de transporte Uber y Didi que, según las autoridades, brindan un servicio irregular, entiéndase al margen de la ley.

Existen buenos motivos para argumentar que, al requerir y aceptar los impuestos pagados por dichas plataformas, el Estado reconoce que los dineros producto de esa actividad son legítimos, evidenciando con ello la legalidad de la actividad que se está gravando; es decir, el servicio remunerado de transporte de personas.

De ser ilícita la conducta, sería imposible requerirle el pago de impuestos, siendo que el Estado de ninguna forma puede verse beneficiado de actividades clandestinas, como, por ejemplo, cobrar tributos al narcotráfico o proxenetismo. De tal forma, la legalidad de las operaciones de Uber y Didi resulta incuestionable, por lo que carece de fundamento su persecución por parte de las autoridades.

Sin embargo, el director del Consejo de Transporte Público, Manuel Vega, ya advirtió que el cobro del IVA no legaliza a Uber ni a Didi, lo cual augura que el acoso contra los miles de colaboradores que ejercen dicha actividad continuará durante la presente administración. La disputa probablemente se dirima en un juicio contencioso administrativo, pero ese tampoco es un escenario ideal para la actividad.

Incluso si los tribunales determinan que Uber y Didi adquieren estatus de legalidad a partir del cobro del IVA, eso no evitaría que más tarde las autoridades puedan declarar a esas plataformas como servicio público, lo que implicaría, entre otras cosas, fijación de tarifas por parte de la Aresep e incluso, el establecimiento de topes a la cantidad de personas que pueden dedicarse al servicio, entre otras regulaciones.

La mejor solución es una ley que regule las plataformas digitales de transporte sin ambages. Para ello, ya existe un texto consensuado en la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa que permitiría que Uber, Didi y cualquier otra plataforma similar sigan operando con la misma versatilidad que tantos beneficios le han generado hasta ahora a colaboradores y consumidores por igual.

En momentos en que el país atraviesa su peor crisis económica en 40 años, en que el desempleo alcanza niveles históricos y cientos de miles de hogares han visto sus ingresos diezmados, las plataformas digitales de transporte no solo ofrecen una alternativa ocupacional para muchos costarricenses, sino también una opción más barata y fiable de transporte. Por eso, para que no quede duda de los alcances de su legalidad, es mejor aprobar una ley que las regule.

Juan Ricardo Fernández

Presidente, Asociación de Consumidores Libres