Jonathan Prendas señala a Rodolfo Méndez y Camilo Saldarriaga de ser “actores principales" en caso Cochinilla

El ministro de Obras Públicas y Transportes Rodolfo Méndez y el exasesor presidencial Camilo Saldarriaga, son a juicio de Jonathan Prendas, diputado de Nueva República, “actores principales en el escándalo Cochinilla”.

Después de varias semanas de trabajo en la comisión investigadora, Prendas aseveró que ya no tiene dudas y por eso, pidió hoy nuevamente la salida de Méndez Mata del gobierno.

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“El ministro Méndez y la mano derecha del presidente Alvarado, Camilo Saldarriaga, son los actores principales en la novela Cochinilla. Saldarriaga giraba fondos y hacía movidas presupuestarias para que Conavi no dejara de pagar”, dijo Prendas.

Y es que Saldarriaba tenía como una de sus funciones trabajar en el presupuesto del gobierno, así como en presupuestos extraordinarios.

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“El jerarca del MOPT conocía muy bien que había problemas de plata, sabía de las gestiones de Saldarriaga y que los cambios en el destino de los recursos favorecieron a las empresas”, dijo Prendas.

Al momento de gestionar los presupuestos que señala Prendas, no se había dado a conocer el supuesto caso de corrupción, por lo que los funcionarios no tenían cómo saber si estaba cometiendo un delito.

En estos momentos, Méndez figura en una investigación de la fiscalía por incumplimiento de deberes, pero no por ningún delito relacionado por corrupción, mientras que Saldarriaga no está siendo investigado y hasta se puso a disposición de las autoridades para colaborar en lo que sea necesario.

El caso “Cochinilla” es una supuesta red de sobornos que incluyó a empresas constructoras y fiscalizadoras, con el objetivo de ofrecer dádivas y sobornos a funcionarios del MOPT y el Conavi, a cambio de obtener jugosos contratos de licitación o agilizar procesos constructivos.

En principio las autoridades hablan de contratos por unos ¢78 mil millones; sin embargo, el monto podría ser aún mayor.

Si se comprueba en sentencia firme que las empresas señaladas sí pagaron sobornos a los funcionarios del Conavi, podrían ser inhabilitadas para construir infraestructura vial por un período que oscilaría entre tres y diez años.