Las puertas hacia el Pacífico y el proceso de modernización de Puerto Caldera

El comercio marítimo mundial ha tendido a desarrollarse cada vez más por el Pacífico, según los datos proyectados por la OCDE, los países asiáticos van a generar más exportaciones en 2030 que la Unión Europea, por lo que se hace oportuno pensar en la modernización del principal puerto de la costa pacífica costarricense para que se encuentre en condiciones de competir con los demás puertos de la región.

Durante las últimas semanas se ha disertado sobre el proceso de la concesión de Puerto Caldera y el desempeño de las operaciones actuales, siendo necesario un análisis profundo de las acciones para generar la modernización de la infraestructura portuaria que necesita este puerto para responder a las expectativas de crecimiento del tráfico portuario a nivel mundial.

En este punto, es relevante recalcar que el desarrollo de la infraestructura marítimo-portuaria es trascendental para potenciar la competitividad de un país. Sin embargo, la infraestructura de Puerto Caldera se encuentra rezagada, según datos del 2017 elaborados por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), sobre movimientos de carga de contenedores, Caldera se ubica en el puesto 36 a nivel Latinoamericano, siendo catalogado como un puerto de segunda o tercera categoría en la región.

Situación Actual

La terminal portuaria alcanzó niveles de saturación de entre un 85 a 90% de su capacidad, lo cual genera que sea un puerto ineficiente que resta competitividad al país. Aunado a esto, existen necesidades inmediatas de mejora en la infraestructura portuaria para la atención de barcos portacontenedores, graneleros, carga general y otros.

Desde el punto de vista contractual, la operación del puerto cuenta con una situación compleja, dado que existen dos modelos contractuales operando simultáneamente en el puerto que vencen en agosto del 2026, por lo que estamos a 6 años de su vencimiento. El primero de ellos es un contrato de gestión de servicios para la operación de carga general regulado por la Ley de Contratación Administrativa, lo cual implica que el gestor, a saber la Sociedad Portuaria de Caldera (SPC), solo puede brindar los servicios de operación portuaria; mientras que la administración de las instalaciones le compete exclusivamente al Instituto Costarricense de Puertos del Pacifico (INCOP) y por ende cualquier obra nueva para carga general solo podría ejecutarse por medio de la entidad estatal.

El segundo contrato, es de concesión de obra y servicio público para la carga granelera, regulado por la Ley General de Concesión de Obras Públicas con Servicios Públicos, siendo el concesionario de este contrato la empresa Sociedad Portuaria Granelera de Caldera (SPGC), que en conjunto con la empresa SPC forman parte del grupo SAAM, de capital chileno. Este modelo concesional permite únicamente construir obras nuevas para carga granelera, lo que limita el alcance de la construcción de obras para brindar el servicio de los demás tipos de carga.

En virtud de esta situación, el INCOP aprobó en enero del 2020, el Plan Maestro del Litoral Pacífico, que se constituye en la herramienta técnica para planificar el desarrollo de todos los puertos de la Costa Pacífica Central y Sur. Dicho Plan contiene una serie de recomendaciones que conllevan a la inversión para la construcción de infraestructura nueva para Puerto Caldera, la compra de equipo y la definición de prioridades como lo es la atracción de cruceros turísticos que podrían reactivar la economía de la región.

No obstante, a pesar de que existe la herramienta de planificación para la ejecución de obras y dotar de equipo moderno a la terminal portuaria, las inversiones no pueden ejecutarse por medio de los contratos actuales en virtud de sus características, ni por medio del INCOP debido a que no cuenta con fondos suficientes para poder ejecutarlos.

El camino a seguir

En virtud de la dificultad jurídica de modernizar el puerto con el esquema actual, el escenario ideal consiste en que el gobierno inicie un proceso de elaboración de una licitación pública internacional para que diversos operadores portuarios a nivel mundial participen y se escoja la mejor oferta para el país.

Este proceso con un cartel de licitación bien elaborado técnica y legalmente, podría permitir que en un plazo de dos años se tenga adjudicado un concesionario que pueda construir las obras necesarias para modernizar el puerto, generando mayor eficiencia y la competitividad, de acuerdo con un Plan Maestro que esté acorde a la satisfacción de las necesidades de sus usuarios (navieras, transportistas de carga terrestre, agencias de logística, entre otros).

El resultado de esta licitación, podría tener dos posibles escenarios: a. El actual concesionario gane la licitación pública internacional y por medio de negociaciones con el gobierno no se deba indemnizar los derechos surgidos de los contratos actuales. b. Un nuevo operador sea el concesionario del puerto, por lo que el gobierno deberá indemnizar a los actuales concesionarios por el plazo de vigencia de sus contratos.

Aunado al proceso de licitación, el gobierno podría ejecutar obras impostergables para el puerto, como lo es la modernización del rompeolas, solucionar los problemas de acumulación de sedimentos y ampliar el calado del puerto, aspectos que mejoraría la operación marítima actual en Caldera.

Acción país

Dada la situación actual a nivel global, debemos pensar en acciones post pandemia y en la reactivación del país a un corto y mediano plazo. Para alcanzar este objetivo, es trascendental la inversión adicional en obras portuarias en el Pacífico, que permitan operar de manera eficiente volúmenes mayores de carga para mejorar la gestión y alcanzar niveles de movimientos de carga similares a las de un puerto de primera categoría, que se adapten a las necesidades de carga actuales y futuras.

La visión de un desarrollo portuario hacia el Pacífico nos dará acceso a bienes de los mercados asiáticos, lo cual permitirá al sector portuario costarricense generar condiciones para la modernización de su infraestructura y responder con ello al aumento de la competitividad mundial, reducir costos de transacción, así como para mejorar el acceso eficiente y ágil a los factores de producción y una mayor atracción de inversión extranjera.