Ley de Empleo Público pone en riesgo trayectoria democrática: organismo internacional
Danny Canales [email protected] | Miércoles 31 marzo, 2021 07:26 a. m.
La Unión Internacional de Magistrados (UIM) se manifestó con “profunda preocupación” sobre el proyecto de Ley de Empleo Público que se discute en la Asamblea Legislativa.
Esto porque atenta contra la independencia judicial y debilita al Poder Judicial, con el peligro que ello conlleva para el modelo democrático, advirtió.
La preocupación se centra en las facultades que se le asigna al Poder Ejecutivo para seleccionar, evaluar, disciplinar y capacitar a los jueces y juezas, a través de la Rectoría de Empleo Público.
“Con esta iniciativa el Consejo de la Judicatura, como órgano natural de un Poder Judicial democrático, queda completamente supeditado al Poder Ejecutivo de turno, con una clara violación a los estándares internacionales en la materia”, alertó la UIM un reciente pronunciamiento.
Es por ello que exhortó a las autoridades del Poder Ejecutivo y del Poder Legislativo a garantizar el respeto a la tripartición de poderes y la independencia del Poder Judicial, al sentenciar que “ningún Poder Judicial de un país democrático debe ser sometido a otro poder del Estado”.
Y es que la organización defiende que la división de poderes es una premisa fundamental para garantizar la libertad individual de la que derivan otros derechos fundamentales, por ello es fundamental llamar la atención sobre las nefastas consecuencias que el citado proyecto de ley tendría en la institucionalidad del país.
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“En la actualidad son muchos los países en los que se está poniendo en riesgo la independencia del Poder Judicial y no deseamos que Costa Rica se una a tan lamentable lista, sentencia la Unión de Internacional de Magistrados”, destacó la Unión.
Esta es una organización internacional profesional y apolítica, fundada en 1953, que reúne asociaciones nacionales de jueces de 92 países y cuyo principal objetivo es salvaguardar la independencia de las autoridades judiciales, la que constituye requisito esencial de la función judicial y una garantía del respeto por los derechos humanos y la libertad.
