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COLUMNISTAS


Marzo fiscal: buenos resultados, falta información

Miguel Angel Rodríguez [email protected] | Lunes 19 abril, 2021


Con toda justicia el gobierno se precia por los resultados fiscales obtenidos en marzo de este año, tanto para el propio mes como para los acumulados del primer trimestre.

El comunicado del Ministerio de Hacienda con razón señala: “El superávit primario y financiero de 0,91% y 0,15% del PIB, respectivamente, registrado en marzo, modifica lo observado en los últimos 11 años, en los cuales se registró un déficit primario y financiero. El déficit financiero acumulado a marzo se ubica en un 1,06% del PIB, el más bajo de los últimos 11 años…A marzo del 2021 (datos trimestrales) se registra un superávit primario del 0,61% del PIB (¢229.013 millones) … Dicho resultado contrasta con lo observado en los últimos 11 años, en los cuales se registró un déficit primario a marzo de cada año… Los ingresos tributarios mostraron un crecimiento del 13,27%, respecto al monto acumulado a marzo del 2020.”

El informe también señala que los intereses del trimestre terminado en marzo significaron una erogación de ₡624.542 millones lo que significa el mayor porcentaje del PIB destinado a este fin en el primer trimestre de los últimos 15 años.

Este es un elemento que se debe tomar en cuenta para resaltar el buen resultado, que se produce a pesar de esa carga que estamos obligados a reducir para que el gasto público contribuya de mejor manera al bienestar nacional.

También es de justicia resaltar que el buen resultado financiero y primario del mes y acumulado se da a pesar de que muy convenientemente el gasto de capital se incrementa respecto al trimestre de 2020 en ₡37.514 millones (0,1% del PIB), lo que significa un aumento del 45,7%.

Los buenos resultados fiscales nos deben alegrar a todos. Deben ser un incentivo al esfuerzo nacional de fortalecer las finanzas públicas, que es una condición necesaria para acelerar nuestra recuperación y poder mejorar el bienestar.

El reporte de Hacienda subraya respecto a ingresos y gastos que no todos los datos son comparables entre 2020 y 2021 por la incorporación en el presupuesto de este último año de los órganos desconcentrados. Esta incorporación genera en 2021 la inclusión de ingresos y gastos no contemplados en los años anteriores, y además cambia la distribución de los gastos. Lo primero porque hay ingresos que llegaban directamente a los órganos desconcentrados sin pasar por el Ministerio de Hacienda, y los gastos de esos entes son entonces diferentes a los que se financiaban con transferencias del gobierno central. Lo segundo, el cambio en la distribución de los gastos, porque ahora se incluyen en sus categorías correspondientes los gastos de esos órganos desconcentrados, sea como salarios, compras, etc., y no como transferencias del gobierno central. Además, el déficit o superávit que en 2020 hayan experimentado los órganos desconcentrados no se refleja en los resultados del gobierno para ese año, lo que limita la validez de la comparación.

Es necesario poder comparar los datos de 2021 con los de años anteriores para aquilatar su evolución y conveniencia. Por eso es un error que el Ministerio de Hacienda no haya al menos trimestralmente consolidado los gastos de 2020 del Gobierno y los órganos desconcentrados, como si lo hizo respecto a los presupuestos anuales cuando presentó su plan de ingresos y gastos para 2021.

Otro elemento que se debe tomar en cuenta para analizar esos resultados y no simplemente echar las campanas al aire, es que hay ingresos no recurrentes que se dan en este trimestre de 2021. El Informe de Hacienda no es omiso en indicarlo, pero debemos considerar el impacto que tendrá el no gozar de esos recursos en años venideros.

Por una parte, la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas cambió el año tributario para que, en lugar de terminar ordinariamente en setiembre, lo haga en diciembre coincidiendo con el año calendario. Por esa razón por una sola vez en este mes de marzo se hizo la liquidación y pago del impuesto de la renta de 15 meses. (Se agregó a los 12 terminados en setiembre 2020 los 3 necesarios para cerrar en diciembre). Como sabemos, el impuesto de la renta no solo se colecta al término del período fiscal, sino que trimestralmente se hacen adelantos. En marzo 2021 el ingreso por este impuesto fue mayor al de marzo 2020 en ₡145.908 millones. Parte, o incluso más de ese monto se podría deber a ese pago no recurrente de 3 meses adicionales en la liquidación del tributo, pero claro, también hay que tomar en cuenta que el período vencido en marzo 2021 incluye 9 y medio meses con pandemia que no afectó al 2019. Son dos fuerzas que afectan de manera opuesta los resultados fiscales. No puedo con los datos disponibles evaluar el impacto neto de estas dos fuerzas en las finanzas recurrentes del gobierno.

Otro ingreso no recurrente que se da en este primer trimestre de 2020 se origina en la Ley 9925 de 23 de noviembre de 2020, que dispone que por una única vez las instituciones autónomas, los entes y fondos del Estado deben trasladar al gobierno recursos de sus superávits libres, que específicamente se indican a cada entidad. Este rubro significó un ingreso de ¢106.915 millones (0,29% del PIB).

Los resultados a marzo son buenas noticias que se deben reconocer y nos deben alegrar. Pero es necesario considerar las limitantes que he apuntado.

El camino por recorrer es largo y pesado. La recuperación económica marcha muy lentamente y la situación fiscal solo mejorará muy gradualmente.

Esta lenta recuperación hace evidente la necesidad de avanzar rápidamente en la aprobación del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y en las leyes necesarias para dar cumplimiento a los compromisos y metas allí convenidos, a fin de mejorar las expectativas de los agentes económicos nacionales y extranjeros, que aun cuando han mejorado su aprecio por el futuro de nuestra economía, todavía no están motivados a la inversión requerida para acelerar nuestro crecimiento.

Además cumplir con la aprobación legislativa para que entre en vigencia el acuerdo con el FMI permitiría que el gobierno concentre su esfuerzo en la implementación de medidas ya aprobadas para incrementar nuestra productividad y crecimiento como la reforma del INA, la disposición para evaluar la idoneidad de los aspirantes antes de contratar docentes, la ley de enseñanza dual, PROINOVA, COPROCOM y otras reformas aprobadas para el ingreso a la OCDE, la agenda para simplificación de trámites, coordinar las acciones de los Ministerios de Educación y Ciencia y Tecnología con SUTEL para aprovechar los abundantes recursos de FONATEL y lograr la universalización del acceso a internet para los estudiantes, avanzar en las negociaciones para concesionar obra pública y resolver la incapacidad de registrar agroquímicos y medicamentos favorables a la agricultura y la salud y amistosos con el ambiente.

A la vez eso liberaría la capacidad de la Asamblea Legislativa para tramitar otra legislación muy conveniente para incrementar el PIB potencial de nuestro país: flexibilidad de la jornada laboral, disminución de cargas para incentivar la formalidad, mejorar la legislación para evitar la complejidad de los trámites gubernamentales, cambiar las características ineficientes de nuestra institucionalidad para generar y distribuir electricidad y modernizar el aparato estatal para que sea más eficiente.

Es hora de acelerar el paso.







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