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Millonarias concesiones promovidas por H. Solís y Meco serán sometidas a revisión, asegura Ministro

Danny Canales [email protected] | Miércoles 30 junio, 2021 01:51 p. m.


Ministro Rodolfo Méndez recogiendo tierra con una pala en el inicio de una obra vial
Archivo / La República


Las millonarias concesiones para ampliar las carreteras a Limón y Cartago, promovidas por las empresas H. Solís y Meco, salpicadas por el escándalo “Cochinilla”, serán sometidas a un análisis jurídico “para poder, a partir de él, tomar decisiones”.

Así lo aseguró Rodolfo Méndez, ministro de Obras Públicas y Transportes, quien reconoció que la medida responde a los acontecimientos surgidos alrededor de ambas constructoras.

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El jerarca adelantó que “todos los proyectos y todas las obras están sujetas a revisión, aunque no estén en el ámbito del Conavi; como es este caso”.

En este caso, le corresponderá al Consejo Nacional de Concesiones hacer el análisis minucioso de las proyectos presentados por las dos empresas afectadas, para definir su futuro.

LA REPÚBLICA consultó a José Manuel Sáenz, jerarca de Concesiones, para ahondar sobre la suerte de las concesiones promovidas por ambas empresas, pero, a pesar de que vio el mensaje, no respondió.

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H. Solís y Meco son el centro de la trama por el supuesto pago de sobornos a empleados del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), para adjudicarse los contratos de mantenimiento vial.

De acuerdo con la investigación, que implicó intervenciones telefónicas por casi dos años, se habrían desviado ¢78 mil millones del plan vial para favorecer los proyectos impulsados por las empresas supuestamente involucradas.

H. Solís promueve llevar a cuatro carriles el tramo de la ruta 32 entre la capital y Río Frío, incluido un túnel al lado del Zurquí, en un proyecto estimado inicialmente en $460 millones.

Por su parte, Meco propuso ampliar la ruta Florencio del Castillo –entre la capital y Cartago- con una inversión de al menos $410 millones.

Las empresas se basaron en un artículo de la Ley de Concesiones que permite a les faculta a proponerle al Gobierno el desarrollo de proyectos que, aunque son de interés públicos, no se han materializado.


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