Alegan que somete la educación a los intereses de legisladores de turno
Modificación de la Constitución Política para recortar FEES preocupa a rectores
Legisladores buscan cambiar artículos que dan independencia a las universidades públicas para el desempeño de sus funciones
Karla Barquero [email protected] | Viernes 26 julio, 2019
La mayoría de diputados de la Comisión Legislativa que estudia el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) pretenden una modificación de los artículos 84 y 85 de la Constitución Política.
Estos dos artículos hablan sobre el patrimonio propio que el Estado le dará a las universidades públicas; asimismo, toca el tema de autonomía.
Cambiarlos sometería la educación superior a los intereses de los legisladores de turno y de los grupos interesados en el debilitamiento de la educación universitaria pública; con esta decisión, algunos diputados pretenderían tomar decisiones sobre el monto, el destino y la administración de los fondos, opina el Consejo Nacional de Rectores (Conare).
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Además, el planteamiento de la modificación se hace con criterios anticipados y sin haber concluido los procesos de audiencia y análisis para emitir recomendaciones y sin escuchar a las Federaciones de Estudiantes, a las Vicerrectorías, a los Consejos Universitarios o a los mismos rectores.
“El objetivo de la Comisión Legislativa era fortalecer la educación superior pública; ahora vemos con preocupación que lo que se pretende es modificar nuestra Carta Magna para restringir la autonomía de las universidades públicas y controlar políticamente las decisiones sobre la educación superior”, afirmó Henning Jensen, presidente de Conare y rector de la Universidad de Costa Rica.
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Este tema de inconstitucionalidad fue respaldado en la audiencia celebrada en la noche del lunes, por Julio Jurado, procurador general de la República, quien afirmó que modificar el acuerdo sobre los fondos del FEES no es competencia los legisladores.
Además, sostuvo que cualquier tipo de disminución de este fondo es inconstitucional, y que hay un pronunciamiento de la Procuraduría que lo respalda, que fue sobre el recorte de ¢10 mil millones hecho por los diputados el año pasado.
