Municipios tendrían que publicar en sitios web toda la información presupuestaria

Transparentar la gestión municipal es el objetivo de una reforma al Código Municipal; este obligaría a todos los gobiernos locales a publicar, a través de medios electrónicos, sus presupuestos, gastos, resoluciones y el salario de sus funcionarios, entre otros detalles.

La propuesta surge tras darse a conocer un informe de la Defensoría de los Habitantes que cuestiona la deficiente rendición de cuentas de varios municipios.

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“Planteamos unas reformas al Código Municipal buscando que los ciudadanos tengan acceso a toda la información de las municipalidades, y que estas se conviertan en gobiernos de “cristal”, donde esté abierta la información tanto por las vías tecnológicas, como por aquellas que el ciudadano estime convenientes”, dijo Eduardo Cruickshank, legislador de Restauración Nacional.

La propuesta también obligaría a hacer públicas las actas de las sesiones del Concejo Municipal, así como la agenda a tratar en cada una de las reuniones.

Las municipalidades de Guanacaste, Puntarenas y Limón son las menos comprometidas con la rendición de cuentas, según un informe de la Defensoría de los Habitantes.

La reforma a la ley se propone en momentos en que las municipalidades reclaman el ser excluidas de la regla fiscal, al considerar que tienen la potestad legal de definir cuánto dinero invertirán y cómo lo gastarán cada año.

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Por tanto, no se designará a los alcaldes una restricción en el gasto, según Karen Porras, directora ejecutiva de la Unión de Gobiernos Locales.

Y es que el gobierno pretende que para 2020, el crecimiento del gasto corriente de los presupuestos municipales no aumente más allá del 4,67%.

La obligación se deriva de la regla fiscal que aprobó el gobierno a finales de 2018 junto a los nuevos impuestos, la cual pretende emular el crecimiento del gasto a la producción.

No podría haber una limitación en la cantidad de nuevas plazas que se originen, incluidos los proyectos de policía municipal que muchos ayuntamientos desean fortalecer, agregó Porras en una carta enviada a Rocío Aguilar, ministra de Hacienda.

Por otra parte, algunos municipios no cobran ni siquiera la mitad de los impuestos de bienes inmuebles a los que tienen derecho.

Esto hizo que unos ¢53 mil millones no se pagaran el año pasado por este concepto, de acuerdo con un estudio realizado por la Contraloría General de la República.

Los recursos de este tributo gestionado por los gobiernos locales constituyen un 25% del total de los ingresos propios de los municipios, por lo que su mala recaudación afecta la prestación de servicios a los ciudadanos.

El análisis tomó únicamente los datos de varios gobiernos locales como Barva (56%), Esparza (46%), Goicoechea (26%), La Cruz (44%), San Ramón (36%), Santa Cruz (48%) y Tibás (34%), los cuales reportaron una baja recaudación en promedio entre 2013 y 2017.