Recomendada por todos sus profesores, Daniela no ha podido, luego de tres años de graduada, encontrar trabajo. La sociedad a veces no acepta personas con discapacidad

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No se aceptan “discapacitados”

Daniela tiene 27 años, se graduó con los máximos honores de la carrera de administración de empresas. Tiene todo para competir en el mercado laboral, excepto por una característica en particular: Daniela es parapléjica, no puede mover sus piernas, y los mínimos movimientos de sus manos le resultan de gran dificultad.
Aunque haya sido recomendada por todos sus profesores, no ha podido aún, luego de tres años de haberse graduado, encontrar trabajo. Parece que la sociedad a veces no acepta personas con discapacidad.
Costa Rica es un país que se vanagloria en la comunidad internacional de ser promotor de los derechos humanos por un lado, mientras por el otro muchísimas personas con algún tipo de discapacidad, física o mental, siguen siendo discriminadas en la mayoría de los aspectos de su vida.
Según la página del Poder Judicial, más de mil millones de personas viven con algún tipo de discapacidad, lo cual representa alrededor de un 15% de la población mundial. En nuestro país se estima que la cifra supera a los 200 mil, más del 5% del total de los habitantes.
La principal barrera de estos ciudadanos es que los demás solemos actuar creyendo que, debido a sus características, es imposible que se integren y desarrollen plenamente en sociedad, lo que nos ha llevado a marginarlos e invisibilizarlos durante siglos.
No es nada extraño escuchar comentarios en los que se les llama “minusválidos”, “inválidos”, haciéndolos ver como inútiles o incluso estorbos, anulándolos como seres humanos. Las personas con discapacidad sufren fuertes estigmatizaciones que los dejan fuera de toda posibilidad de ejercer plenamente sus derechos.
La discriminación nos ha llevado a que a ocho años de la promulgación de la Ley 7600 (Ley de Igualdad de Acceso a Oportunidades para Personas con Discapacidad) las posibilidades de este colectivo de encontrar trabajo sean mínimas en comparación con una persona que no posea ninguna discapacidad; también el derecho a la educación se ve afectado pues muchos centros educativos no cuentan aún con instrumentos que permitan la accesibilidad para las personas con discapacidad, así como el acceso a los servicios de salud tampoco es el óptimo, por citar algunos ejemplos.
Vivimos en un mundo que cree que inclusión es colocar rampas en todo lado, como si solo existiese un tipo de discapacidad. O que el respeto a la Ley 7600 es cederle el espacio en el bus a alguien con un bastón. Así de absurdo es.
La cuestión no es ni siquiera las limitaciones personales de la gente, sino esta sociedad extremista que no termina de aceptar la discapacidad, pero que en ocasiones la sobreprotege también.
No se trata ya solo de un discurso cliché de “todos somos iguales”, sino de llevar esto a la realidad, cerrando los portillos que permiten la discriminación a una población tan merecedora de respeto como cualquier otra.

Noelia Hidalgo Rodríguez

Estudiante de 5to año de derecho, UCR