“Operación Diamante”, el segundo escándalo en cinco meses que sacude el programa de vialidad

“Operación Diamante”, que estalló a primeras horas de este lunes con la detención de seis alcaldes, se convierte en el segundo escándalo, en menos de cinco meses, que evidencia supuestos sobornos a funcionarios públicos para favorecer a empresas de construcción con contratos de mantenimiento de carreteras.

Este nuevo caso se da cuando el país no ha terminado de digerir la trama “Cochinilla”, por la cual se detuvo a 32 personas el pasado 14 de junio, por supuestas irregularidades en el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), con tareas de conservación y ampliación de carreteras nacionales.

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La Operación Diamante de este lunes, por su parte, se relaciona con el programa de mantenimiento de rutas cantonales y otras obras públicas promovidas por las municipalidades.

Estos programas viales se financian con un porcentaje de lo que se recauda del impuesto único a los combustibles, con el recaudo del marchamo y con millonarios créditos internacionales.

Al parecer las irregularidades en los dos escándalos, implican dádivas a funcionarios entre las que estarían carros, casas, dinero, entre otros.

En el caso Diamante serían para favorecer a la empresa constructora Meco en al menos 15 proyectos de obra pública en ocho gobiernos locales, según las investigaciones judiciales.

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“La hipótesis de trabajo que tiene el ministerio público que están investigando junto con el OIJ tiene que ver con actos de corrupción relacionados con licitaciones con construcciones, con pago de obra pública, con la facilitación de oportunidades irregulares a esta empresa y a una serie de personas vinculadas con ellas que les generaron ventajas y que produjeron dádivas y sobornos para los funcionarios públicos, dijo este lunes Walter Espinoza, director del Organismo de Investigación Judicial.

Detalló que se investiga el supuesto pago adelantado de facturas, el inicio anticipado de obras públicas y una serie de actividades que según ha establecido el ministerio fiscal son constitutivas de delito.

Los alcaldes detenidos son Johnny Araya, de San José; Mario Redondo, de Cartago; Humberto Soto, de Alajuela; Arnoldo Barahona, de Escazú; Alfredo Córdoba, de San Carlos y Alberto Cole, de Osa, así como funcionarios municipales y representantes de la empresa, detalló Glen Calvo, fiscal anticorrupción.

Este caso se investigó entre abril de 2019 y agosto de este año e incluye a ocho gobiernos locales, a Meco, a la empresa Explotec y al programa MOPT-BID, el cual maneja un crédito para atender los caminos locales, específicamente por supuestas irregularidades en San Carlos.

En Cochinilla, a su vez, los agentes a cargo de la investigación señalan que supuestamente se habrían utilizado ¢78 mil millones para obras que no estaban contempladas.

Por esta investigación guardan prisión preventiva los dueños de las constructoras Meco y H. Solís, hasta marzo de 2022.

En la causa penal que se sigue por este caso hay implicados funcionarios de Conavi, representantes de las empresas constructoras y de firmas supervisoras de caminos.