Panama Papers y registro de accionistas

Lo ocurrido en el caso Panama Papers tiene importancia, más allá de los casos concretos de evasión fiscal que se logren detectar.
Es un hecho que los paraísos fiscales tienen sus días contados, entendiendo por tales de forma muy simplificada, países que no comparten con otros información sobre los activos u operaciones que nacionales o extranjeros tengan en estos.
Por otro lado, la OCDE se ha venido convirtiendo en una especie de Autoridad Fiscal a nivel internacional, que entre otros propósitos, pretende insertar ciertos estándares a nivel tributario en todos los países que pueda, miembros y no miembros.
Estos estándares están diseñados para evitar que los capitales generados en unos países, no sean deslocalizados a otros países sin pagar los impuestos respectivos. Y es lógico, porque los países que conforman la OCDE son los países con más dinero, donde se produce mayor riqueza y mientras sigan existiendo otros países que permitan hacer fluir esa riqueza sin pagar los impuestos debidos, sin importar cuantas bombas atómicas tengan, todos ellos seguirán siendo vulnerables económicamente incluso ante pequeños países o islas.
Pero paulatinamente la presión de la OCDE ha ido calando en todos los países, grandes y pequeños.
Ya vimos a Suiza y Liechtenstein ceder ante la presión generada por casos de fugas de información bancaria ampliamente documentados, por lo que pequeñas economías e islas del Caribe también lo están haciendo, ya que sus frágiles economías no soportan la presión internacional.
Frecuentemente se asocia a Panamá como uno de estos países, si bien actualmente tiene una red de tratados internacionales para evitar la doble imposición, que incluyen cláusula para compartir información, que hace palidecer los escuálidos esfuerzos de Costa Rica en este sentido.
El punto es que el caso de los Panama Papers viene a reforzar las propuestas de armonización tributaria impulsadas por la OCDE.
Un ejemplo de lo anterior son las medidas BEPS (Base Erosion and Profit Shifting), es decir, medidas que la OCDE sugiere a países miembros y no miembros que permitan robustecer los sistemas tributarios internos (y de paso internacionalmente) y en cada uno que se logre, será un granito de arena para la causa.
Claro está, aunque algunos no lo quieran entender, es preciso que primero se apruebe una ley que incluya las recomendaciones BEPS.
Esto me lleva a que el escándalo de los Panama Papers apoya la tesis del Gobierno para impulsar el proyecto que incluye el famoso registro de accionistas, para evitar cosas como lo ocurrido en Panamá y de paso cumplir con los requerimientos de la OCDE en ese sentido, aunque nunca digan al mismo tiempo que no cumplimos con los demás requisitos de ingreso.
La pregunta es, ¿Podemos exigir un registro de accionistas con beneficiario último aunque todos estuviéramos de acuerdo? Tiene serias complicaciones prácticas.
En el momento que una compañía sea requerida a señalar los socios de su matriz extranjera, si esta se niega no se puede hacer nada (¡recordemos que se trata de otro país!) y si se castiga al nacional por lo que ni el Gobierno puede obligar al extranjero, obviamente una sanción sería inconstitucional, porque se estaría castigando a un nacional por lo que un extranjero hace o deja de hacer.
Si la obligación no puede sancionarse, no existe la obligación. Una cosa es la idea y la intención del Gobierno y otra muy diferente que sea realmente practicable.

 

Rafael Luna
Abogado Tributario
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