Entrevista Especial con diputada del Partido Acción Ciudadana
Paola Vega: “Iglesia no tiene por qué hablar sobre el aborto, no le compete”
Fundamentalistas usan norma técnica como gancho electoral, considera legisladora
Esteban Arrieta [email protected] | Miércoles 16 octubre, 2019
La Iglesia Católica debería hablar sobre los asuntos del clero y no opinar sobre aquellos que no tienen que ver con la religión, según Paola Vega, diputada del Partido Acción Ciudadana, quien demanda al presidente Carlos Alvarado que firme de una vez por todas la norma técnica que regularía el aborto.
Para la legisladora, los grupos conservadores se aprovechan del tema para hacer campaña, mientras que la salud y la vida de las mujeres se ponen en riesgo.
¿Qué opina de que el presidente no haya dado a conocer el borrador sobre la norma técnica del aborto?
Es importante aclarar que el borrador no tiene por qué darlo a conocer, ya que se trata de un protocolo de carácter médico y, por tanto, incumbe solamente a los profesionales en el área.
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¿Se justifica que el presidente haya durado tanto tiempo?
Costa Rica está en deuda con los derechos humanos por este tema, y cada día que pasa esa deuda aumenta, cada vez es más grande la violación de los derechos humanos de las mujeres, y con el atraso, el presidente lo permite.
Es urgente que se tomen decisiones, ya que cada día que pasa sin contar con este reglamento se ponen en peligro la salud y la vida de algunas mujeres.
En campaña, Carlos Alvarado señaló que él iba a firmar la norma técnica del aborto al llegar a la presidencia, pero ha pasado un año y medio desde entonces, lo que ha permitido que diversas comunidades como la Iglesia Católica y los grupos conservadores critiquen la norma técnica y le presionen para que no emita el reglamento, ¿qué opina?
Sin duda es un error.
Cada día que pasa es un día más de morbo innecesario para una técnica que está permitida en el país desde 1970 en nuestro Código Penal.
En ese sentido, los grupos fundamentalistas utilizan este tema de derechos humanos para hacer campaña para las próximas elecciones, y eso no debe permitirse.
La Iglesia Católica casualmente este lunes le exigió al mandatario no avanzar en este tema, ¿qué opina?
La Iglesia no tiene nada que opinar sobre este tema, uno no los ve opinando sobre ortopedia, sobre quimioterapia.
Pienso que ellos deberían restringirse a los asuntos del clero y no hablar sobre aquellos que no tienen que ver con la religión.
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Su compañero de fracción en el PAC, Luis Ramón Carranza, aseveró al diario digital El Mundo que no se puede permitir el aborto por una depresión, ¿qué opina?
Don Ramón tiene que hacer una relectura del Código Penal, acá no estamos inventando nada.
Los legisladores costarricenses de antaño fueron sabios al incluir el concepto de salud integral en el Código Penal.
Por otra parte, me parece que él debería estudiar un poco lo que es la depresión, para que no juzgue a la ligera y no haga comentarios como ese.
¿Debe contemplarse la salud mental en la redacción de la norma técnica?
Sí, concepto de salud solo hay uno, y es el que estableció la Organización Mundial de la Salud, el que Costa Rica también usa.
¿Quiere decir esto que en casos de violación sí se permitiría el aborto?
Por el simple hecho de la violación no, es para otras situaciones.
La ley establece que cuando la vida o la salud de la madre están riesgo se podrá aplicar el aborto impune.
En ese sentido, habría que ver las condiciones de una niña de nueve años, por ejemplo, que ha sido embarazada y que esta situación le afecta su desarrollo físico y mental.
¿Qué pasaría en el caso de una muchacha que ha sido violada y que alega afectación a su salud mental?
En esos casos el equipo técnico – médico tendría que valorar si se pone en riesgo su salud.
¿Se abre un portillo para nuevas formas de permitir el aborto?
No, solo se va a regular lo que ya está permitido.
¿Esperaría que el reglamento se apruebe este año?
Ese es el compromiso del presidente, y pienso que no debería estar sujeto al gusto de sectores particulares.
Recordemos que también se trata de una deuda pendiente de Costa Rica con la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, la cual exhortó al país a avanzar en este tema.
