Por afectar “seguridad jurídica y empleo”, industriales adversan Acuerdo de Escazú
Jeffry Garza [email protected] | Jueves 26 noviembre, 2020 02:18 p. m.
Pese a que el sector industrial asegura estar comprometido con el ambiente a través de medidas que apoyan la descarbonización del país, adversa el Acuerdo de Escazú, iniciativa que se discutirá en la Asamblea Legislativa.
Esto debido a que su ratificación “atenta contra la seguridad jurídica y el empleo”, justificó la Cámara de Industrias en un comunicado.
Asimismo, el proyecto tiene vicios de inconstitucionalidad que deben ser revisados y que no se deben aprobar, según Enrique Egloff, presidente de dicha cámara.
Entre ellos mencionó que se invierte la carga de la prueba, al tener la empresa que demostrar que no está incurriendo en una falta o un daño ambiental si es acusada, desestimando la presunción de inocencia garantizada en la Constitución.
También, el acuerdo amenazaría con la paralización de la producción o inversión de cualquier empresa, al comprometer al Estado a darle al acusado medidas cautelares para detener cualquier supuesto daño.
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Otra crítica se vincula a un presunto exceso de normativas, ya que todos los aspectos positivos en que regula el Acuerdo ya han sido desarrollados e implementados en Costa Rica “en un amplio conjunto de leyes y reglamentos que responden a la Constitución, a normas internacionales y nacionales existentes”.
Asimismo, preocupa a los industriales el uso de un lenguaje ambiguo y poco técnico lo que induce fácilmente a errores de interpretación, al incluir la definición de “autoridad competente” a organizaciones privadas, “usurpando potestades públicas por parte de organizaciones particulares”.
Elevado riesgo de litigiosidad internacional, falta de protección de la información confidencial y la contravención de la regla según la cual los actos administrativos deben ser emitidos a partir de la ciencia y la técnica, son algunos otros de los vicios que la Cámara señala al proyecto.
El tratado mencionado es un acuerdo regional vinculante sobre derechos humanos y medio ambiente, que tiene como centro el cumplimiento del principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente, para garantizar en América Latina y el Caribe los derechos de acceso a la información ambiental, la participación pública en la toma de decisiones ambientales y el acceso a la justicia en asuntos de este tipo.
Lleva el nombre de la ciudad josefina, precisamente porque fue el lugar donde se firmó.
