Privados de libertad tendrán bolsa de empleo

Una bolsa de empleo para privados de libertad a punto de cumplir su condena, será parte del nuevo departamento que abriría el Ministerio de Justicia el próximo año.
Este sería uno de los pilares de la nueva Oficina de Inserción Social, que irá a revisión en las próximas semanas, con el objetivo de ejecutarse a inicios de 2017.
Como parte del plan, Justicia echaría mano de convenios con empresas privadas, instituciones públicas, universidades y otras organizaciones.
El objetivo es iniciar con 200 personas a un año de cumplir su condena, donde se les brindarían capacitaciones laborales y asesorías en habilidades blandas, con el fin de perfilarlos para una reinserción exitosa.
Los requisitos no dependerán del nivel de condena. Se priorizará por condición de vulnerabilidad, falta de oportunidades para acceder a un beneficio, anuencia a formar parte de un programa de apoyo y disponibilidad para dar un seguimiento poscondena.
“Lo que busca esta oficina es generar una plataforma permanente que facilite el proceso de inserción social de la gente que sale de una cárcel. Con esto mejoraríamos la calidad de vida de cientos de familias. No se trata solo del exprivado de libertad, sino de todo su entorno familiar”, comentó Marco Feoli, viceministro de Justicia.
Además, se creará una red de apoyo con ayuda de profesionales en el sector social. De esta manera, quien ingrese al programa deberá comprometerse por dos años: uno, enfocado en la capacitación profesional y tratamiento de adicciones, y otro, dedicado a evaluar si hubo una adecuada inserción laboral y social.
“Esta unidad tiene una función preventiva. Busca que las personas que han cumplido delitos, una vez que egresen, tengan una red de apoyo para disminuir las posibilidades de cometer otro delito, al contar con un proyecto laboral o de emprendedurismo y que puedan continuarlo”, explicó Roberto Morales, encargado del proyecto.
Para la puesta en marcha de esta oficina, no sería necesaria la creación de nuevas plazas, sino un traslado horizontal de funcionarios con experiencia en estas áreas.
El nuevo departamento tendría entre seis y ocho empleados; sin embargo, en un mediano plazo podría requerir un aumento de plazas.

Casos recientes
La apertura de este departamento tiene sus raíces en proyectos aislados que ya están en funcionamiento.
Uno de ellos es la capacitación de 12 privados de libertad de la cárcel Gerardo Rodríguez Echeverría, quienes se certificaron en desarrollo de páginas web, tras un convenio con la gigante de tecnología Microsoft.
También, la implementación de unidades productivas, es decir, cárceles creadas desde su arquitectura para propiciar espacios de trabajo común, formación laboral y talleres productivos.
Estas medidas se encierran dentro de las políticas del Gobierno Solís, que busca replantear el modelo penitenciario del país, donde, a criterio de sus jerarcas de Justicia, “hay un uso excesivo de la pena de cárcel”.
La estrategia de colocar a los privados de libertad en el mercado laboral y evitar la reincidencia tuvo su primera victoria con la eliminación de antecedentes judiciales a las personas que cumplieron condenas de tres años e inferiores, o por delitos culposos.
El proyecto se convirtió en ley y fue publicado la semana anterior, lo que obliga al Poder Judicial a eliminar los antecedentes para estos casos, en un plazo máximo de seis meses.
Para 2016, unos 1.160 privados de libertad cumplirán su pena, según datos de Justicia.