Progreso con inclusión financiera

Las sociedades modernas avanzan de forma rápida en profundización y acceso de las personas a servicios financieros, aprovechando los avances en la conectividad y las tecnologías de la información y comunicaciones. En estos aspectos los bancos, en especial los estatales, se caracterizan porque independientemente de un carácter comercial, tienen un papel protagónico en el tema por la variedad de sus programas y la amplia cobertura.

Según un estudio reciente del Banco Mundial (Medición de la inclusión financiera y la Revolución Fintech), en África subsahariana, las transacciones móviles representaron el 10% del Producto Interno Bruto (PIB). Las sucursales bancarias se encuentran en 5 por cada 100.000 personas, mientras que el acceso a líneas telefónicas móviles el promedio es de 73 por cada 100 habitantes.

En Latinoamérica el panorama es distinto pues la penetración de los servicios financieros es mucho mayor, aunque es posible seguir viendo avances. De acuerdo con el IV Informe de Inclusión Financiera 2018, de la Federación Latinoamericana de Bancos (Felaban), los depósitos bancarios per cápita de la región se duplicaron en los últimos diez años y la colocación de créditos alcanzó el 38,7% del PIB regional. La banca móvil es uno de los factores que más ha dinamizado la inclusión financiera, con un crecimiento promedio del 37% anual. Además, la puerta de entrada al crédito formal se materializó con la tarjeta de crédito; Felaban indica que 2017 terminó con un promedio de 0,56 tarjetas de crédito por habitante adulto, un 12% más que en 2016 y un 80% superior al registrado hace diez años.

El desarrollo financiero en otros países parece estar más consolidado y ya en una etapa de profundización financiera. Según cifras del FMI, la Unión Europea presentó una razón de crédito a PIB de 95,4%.

Profundización e inclusión. El Banco Mundial define profundización financiera como la acumulación de activos financieros, e inclusión financiera como el acceso a productos financieros útiles y asequibles, que satisfagan sus necesidades, de ahorro, pagos, crédito y seguro, prestados de manera responsable y sostenible. Es decir, son conceptos diferentes.

Para medir profundización financiera, se utiliza el saldo de crédito o riqueza financiera total, como porcentaje del PIB. Para medir inclusión financiera se identifican las barreras que enfrentan los agentes económicos para acceder al crédito bancario. Tuesta (2016) señala cuatro obstáculos para consolidar una inclusión financiera: los trámites requeridos para acceder a los servicios, la distancia de las personas a los puntos de acceso bancario, la confianza en los servicios financieros y la percepción sobre los costos de realizar las transacciones.

El caso Costa Rica. El sistema financiero costarricense muestra un proceso de profundización con una tendencia positiva y creciente. En 1960, la razón era de 27%, actualmente es del 69% del PIB. Después de Panamá (87%), somos el país con mayor profundización financiera en Centroamérica según el Consejo Monetario Centroamericano, y de acuerdo con Felaban, por encima del promedio latinoamericano.

Según el Índice Multidimensional de Inclusión Financiera (MIFI, por sus siglas en inglés), en el 2016 Costa Rica ocupó la posición 4 del ranking Latinoamericano, precedido por Brasil, Chile y Colombia. Lo anterior es muy significativo, porque la inclusión financiera que permite buscar e incrementar el uso y acceso al sistema financiero formal, en definitiva, desempeña un rol primordial para las políticas de desarrollo y reducción de la pobreza.

Sin duda, el sistema financiero ha desempeñado un papel medular y en definitiva la banca estatal ha sido vital para Costa Rica, además con el compromiso de apoyar pymes, seguridad social, salud y educación. De acuerdo con la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional, aparte del impuesto a la renta, los bancos aportan el 10% de sus utilidades al Infocoop, el 3% a la Comisión Nacional de Emergencias, y 5% a Conape y al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte. Para darse una idea de este impacto: con solo los impuestos y participaciones del año pasado, se podría hacer 2 veces, aproximadamente, la ampliación del “puente de la platina”.

Por otro lado, apoyando el desarrollo del país, la colocación del crédito ha evolucionado conforme el cambio en la estructura económica (ver tabla siguiente). Según las cifras de la Superintendencia General de Entidades Financieras (SUGEF), a diciembre 2018, los bancos estatales y banco Popular (BEST y BP) colocaron el 12% del crédito total en servicios, sector medular de la estructura productiva y fuente de empleos (servicios pasó de representar un 20% en 1991 a 41% del PIB en el 2018), el 4% para los bancos privados y apenas el 0,4% para el resto de las entidades financieras no bancarias. En servicios se colocó US$5.775 millones durante el 2018, 71% provenían de la banca estatal.

Saldo de colocación de crédito sistema financiero costarricense

Cifras en millones de dólares

Fuente: Elaboración propia con datos de la SUGEF, diciembre 2018. Dato del crédito Total del BCCR.

De igual forma, la banca estatal lidera las colocaciones en los sectores más intensivos en mano de obra (agricultura, ganadería, pesca, industria, turismo) y en actividades como consumo, representó apenas un 12% de sus colocaciones.

Temas medulares para el desarrollo. La inclusión financiera debe convertirse en una prioridad para las autoridades, órganos reguladores y organismos de desarrollo a nivel mundial. Es el objetivo 7 de los 17 objetivos de Desarrollo Sostenible del Banco Mundial. Desde el 2016, promover la Inclusión Financiera Digital, forma parte de los compromisos del Grupo de los Veinte (G-20) y sin duda, debe formar parte de los nuestros.

Para ello es necesario atender temas pendientes en la agenda de desarrollo país. El Fondo Monetario Internacional, en la última misión que realizó para Costa Rica, es puntual en señalar algunos: 1) Se necesita un órgano de alto nivel para liderar y coordinar políticas de inclusión financiera. 2) Continuar con la estrategia de profundización financiera para abaratar las transacciones electrónicas, promoviendo un uso más amplio. 3) Las regulaciones deben hacer una distinción clara entre los diferentes tipos de microcrédito. 4) Promover mayor uso de las garantías mobiliarias y aplicar reglas más estrictas para la valoración de garantías reales. 5) Reformar el marco legal para mejorar la protección del consumidor. 6) Divulgar información exhaustiva sobre los precios y las condiciones de los productos financieros.

Los bancos estatales tienen y están obligados a tener ese norte claro, por la sencilla razón de que han tenido y hoy ejercen un papel protagónico en la promoción del desarrollo económico de Costa Rica. Nuestro compromiso de progreso, pero con inclusión financiera.

Allán Calderon

Subgerente General de Crédito y Riesgo del Banco Nacional.