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Rebelión contra plan fiscal se extiende por cambios en empleo público

Esteban Arrieta [email protected] | Jueves 21 marzo, 2019


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Sindicalistas como Albino Vargas de la ANEP, cuestionan los cambios en empleo público que traerá la reforma fiscal, mientras tanto, el sector productivo lamenta la decisión de varias instituciones de excluirse del recorte del gasto, según Gonzalo Delgado, presidente de la UCCAEP. Archivo/La República


Una rebelión contra el gobierno crece por los cambios que traerá el plan fiscal en cuanto al empleo público.

La Corte Plena, las universidades estatales y la Caja se autodeclararon excluidos de las nuevas condiciones laborales.

Se trata de recortes en pluses salariales como anualidades y dedicación exclusiva, así como el congelamiento de salarios en algunos casos.

Lea más: Trabajadores del Poder Judicial no se verían afectados por cambios del plan fiscal

Para los trabajadores de la Corte, los cambios solo aplicarán si fueron contratados a partir del 5 de diciembre del año pasado —cuando se publicó la ley fiscal en La Gaceta—, por lo que prácticamente todos continúan con sus pluses, según un acuerdo tomado por los magistrados el lunes.

Las universidades públicas se oponen por la vía judicial, mientras que Román Macaya, presidente de la Caja, firmó un acuerdo con los sindicatos de la institución para garantizar la exclusión de sus trabajadores.

Lea más: Caja incumpliría con reformas al empleo público, según diputado

La rebelión es cuestionada porque el país atraviesa problemas económicos debido al déficit y, al mismo tiempo, por su potencial de extenderse a otras instituciones públicas, según Gonzalo Delgado, presidenta de la UCCAEP.

La ley fiscal debe respetarse y todas las instituciones públicas deberían cumplir con las nuevas condiciones que se estipulan, según Rocío Aguilar, ministra de Hacienda.


Divididos


La decisión de algunas instituciones públicas de autodeclararse exoneradas del plan fiscal, en cuanto a los cambios en el empleo público, ha generado críticas de sectores y diputados, mientras que sus defensores argumentan autonomía.

En contra

Gonzalo Delgado

Presidente
UCCAEP


Es muy lamentable que los rectores de las universidades continúen con esta posición bajo el alegato de que esto lesionaría su autonomía.
Sin duda, este tipo de discursos independentistas nos pueden llevar por el camino equivocado y no lo queremos para Costa Rica.

Pedro Muñoz

Diputado
PUSC


La Caja, los sindicatos y el Presidente Ejecutivo creyeron que son un feudo aparte de Costa Rica al que no le aplican las reglas de los demás empleados públicos; eso no puede ser,. La ley que aprobamos es contundente y la Caja debe aplicarla.
Hemos pedido explicaciones a las autoridades de la institución, ya la ley establece que no hay exoneraciones.

A favor

Eduardo Sibaja

Director ejecutivo
Conare


Las universidades públicas siempre han rendido cuentas del gasto que hacen y desde 2016 se tomaron medidas para regular el pago de cesantía, anualidades y dedicación exclusiva, entre otros pluses.
Las universidades tienen un régimen de autonomía que debe respetarse.

Albino Vargas

Secretario
ANEP


Empezando por el anuncio de las universidades públicas de que acudirán a la vía contencioso-administrativa en contra de la abusiva inclusión en esa ley, pasando por el acuerdo rebelde en la Caja y llegando al sector municipal, en el que los concejos, alcaldías y personal preparan diversas acciones; el combo fiscal aglutina el más amplio rechazo, repudio y cuestionamientos.


¿Exonerados?


El plan fiscal recorta los incentivos que reciben los funcionarios públicos; sin embargo, algunas instituciones como la Caja, las universidades públicas y la Corte se declararon exonerados de varias medidas, incluidas las siguientes:

  • Nuevos incentivos prohibidos
  • Pago bisemanal eliminado
  • Cesantía rebajada de 20 a 12 años en caso de existencia de convención colectiva
  • Pago doble de discrecionalidad y confidencialidad Improcedente
  • Pago doble de prohibición y dedicación exclusiva Eliminado
  • Plus de dedicación exclusiva Reducción del tope del 50% al 25% y limitado a cinco años
  • Anualidad monto fijo
  • Salarios por encima de ¢4 millones congelados

.







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