Restricción vehicular sanitaria: ¿medida de protección o buen negocio?

¿La restricción vehicular sanitaria establecida por el Gobierno a finales de marzo para contener la pandemia por Covid-19 es una medida de protección o un buen negocio?

A la fecha, el Estado puede cobrar más de ¢17 mil millones.

Por otra parte, hay sectores que señalan que la restricción vehicular ya no es necesaria, pues el ritmo de contagio de la Covid-19 tiende a bajar.

Abogados, jueces, alcaldes, diputados y el excandidato presidencial Fabricio Alvarado sostienen esta tesis y acusan al gobierno de Carlos Alvarado de no querer cumplir con la ley.

Y es que el Tribunal Contencioso Administrativo ordenó la semana pasada, como medida cautelar, suspender la restricción vehicular, la cual, solo se está aplicando un día a la semana en estos momentos.

Sin embargo, el Gobierno se aferra al decreto de salud pública que emitió y advierte a los conductores que la multa de casi ¢108 mil sigue vigente.

“Es una medida efectiva para evitar la difusión del contagio de la Covid-19 y es una herramienta que el ministerio de Salud interpuso para proteger la vida de los costarricenses y no comprometer la capacidad del sistema hospitalario”, expresó Agustín Castro, ministro de la Presidencia.

Ante esto un grupo de al menos 20 alcaldes presentó una demanda conjunta en contra del Estado alegando que se violan libertadas fundamentales de los costarricenses, como el libre tránsito y que pareciera que solo les interesa cobrar las sanciones, sobre todo, en momentos de graves problemas fiscales.

Desde que se pasó de la estrategia del “Baile y el Martillo” a “Costa Rica se cuida y trabaja” en octubre con una mayor apertura económica, la cantidad de contagios diarios experimenta una tendencia a la baja - registrando incluso menos de 600 casos algunos días – algo que no pasaba desde hace tres meses -, al igual que la cantidad de pacientes hospitalizados y en Unidades de Cuidados Intensivos.

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Por otro lado, más de 294 mil infracciones se han emitido por irrespetar la restricción vehicular sanitaria entre abril y octubre de este año, por un monto total que supera los c17.384 millones, de acuerdo a una consulta realizada por LA REPÚBLICA al Consejo de Seguridad Vial (Cosevi).

Sin embargo, no todas estas infracciones han sido pagadas, ya que la cantidad de multas en cobro judicial e impugnadas ante los juzgados de tránsito, además de las pendientes de pago, superan al total de las canceladas.

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Los dineros recibidos por las multas son girados a la Comisión Nacional de Emergencias cada cierto tiempo, el último fue en setiembre anterior, con el objetivo de atender precisamente la emergencia ocasionada por la pandemia que ya supera los 1.400 decesos en suelo nacional y más de 115 mil infectados, es decir, menos de un 1%.