(Video) Sala IV mata referéndum jaguar de Rodrigo Chaves de un zarpazo

En una votación dividida, la Sala IV determinó la ilegalidad del referéndum Jaguar propuesto por el presidente Rodrigo Chaves a través de la iniciativa popular.

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En un fallo mayoritario, los magistrados del máximo tribunal concluyeron que la propuesta del mandatario contiene vicios de ilegalidad "en todos los artículos consultados".

Básicamente, los magistrados señalan que la propuesta afecta "atribuciones constitucionales de la Contraloría" y que además se le quitan herramientas importantes para ejercer sus funciones.

Fernando Castillo, presidente de la #SalaIV se refiere al fallo que declara ilegal la consulta de referéndum por la vía de iniciativa popular que impulsa el presidente @RodrigoChavesR @La_Republica pic.twitter.com/rHZiVjy6pF

— Esteban Arrieta (@estarrar) July 30, 2024

El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) había solicitado una consulta de legalidad sobre este tema, en relación con la propuesta de referéndum presentada por dos ciudadanos de apellidos Cabezas y Espinoza en nombre del presidente Chaves.

Sobre este tema, el TSE informó que estudiará la sentencia integral y esperará la decisión del Congreso.

Aunque el fallo completo de la Sala IV aún no se ha dado a conocer, la decisión casi asegura que los diputados votarán en contra del proyecto de referéndum que también fue enviado al Congreso por Chaves.

La Ley Jaguar para el Desarrollo Nacional, presentada a inicios de junio, proponía un referéndum antes de las elecciones presidenciales de 2026, centrado en temas como la reforma de la ley que regula a la Contraloría General, el desarrollo de Ciudad Gobierno, y la Marina y Terminal de Cruceros de Limón. La propuesta incluía modificaciones a la ley de contratación administrativa y clarificaciones de normas y competencias de la Contraloría General.

Marta Acosta, contralora general, había señalado a principios de julio que el referéndum propuesto por Chaves abría la puerta a la corrupción y debía declararse ilegal. Según Acosta, la administración de Chaves Robles pretendía reducir el sistema de fiscalización a su mínima expresión, violando principios, derechos y jurisprudencia constitucional, y alterando la distribución de competencias prevista por el legislador constituyente.

"Es nuestra responsabilidad histórica accionar los mecanismos y procesos pertinentes en defensa de nuestro modelo democrático y de nuestra Constitución Política, que tantos beneficios le ha procurado a muchas generaciones de costarricenses", dijo Acosta.

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