Universidad de Costa Rica: “Los salarios altos son muy pocos o están en proceso de desaparecer”

A pesar de que más de 2 mil personas devengan salarios por encima de los ¢2 millones y que hay funcionarios que ganan ¢9,9 millones al mes, la Universidad de Costa Rica (UCR) defiende el “trabajo comprometido que ha realizado para replantear el esquema salarial”.

Las autoridades universitarias reconocen que aún quedan salarios altos, pero destacan que “son muy pocos o están en proceso de desaparecer”.

Y es que en el 2020, el ahorro por remuneraciones fue superior a los ¢2.300 millones, dijo la UCR.

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Sí es urgente y sí es cierto que en la Universidad de Costa Rica es necesario un replanteamiento completo de la escala salarial, así lo reconoció Gustavo Gutiérrez Espeleta, rector de la institución.

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“No es aceptable que en la UCR se gane más por antigüedad que por mérito, ello genera la existencia de salarios que están fuera de límites razonables, son muy pocos pero existen”, agregó Oldemar Rodríguez, quien funge como vicerrector.

Esta mañana, el Consejo Nacional de Rectores (Conare) dará a conocer una propuesta para actualizar la política salarial de las Universidades Públicas a las condiciones económicas del país.

Al menos 369 catedráticos, jefes y profesores en las universidades públicas ganan más de ¢4 millones al mes.

El salario más alto se pagaría a una funcionaria de la Universidad de Costa Rica con ¢9,9 millones, mientras que habría secretarias y guardias en esa casa de enseñanza que devengan ¢1,7 millones, según datos de la Caja a finales del año pasado.

En total, más de 3.600 trabajadores ganan más de ¢2 millones al mes en las U públicas.

Los datos cobran relevancia en momentos en que se tramita una ley de empleo público, la cual, abrió un debate sobre la inclusión o no de las universidades estatales.

La iniciativa establecería un salario estándar y los trabajadores que ganen más de ese salario, no tendrían nuevos aumentos por concepto de pluses.

Asimismo, sus aumentos ordinarios serían congelados mientras la deuda pública supere más del 70% del PIB, de acuerdo con la regla fiscal.

Sin embargo, hay quienes señalan que se está violentando la autonomía universitaria al tratar de ordenar las remuneraciones en los centros de enseñanza superior.