Sala IV decidirá si centros de enseñanza deben supeditarse a contención de gasto
Aplicar regla fiscal a universidades públicas lograría un ahorro de ¢12 mil millones al año
Sube de tono enfrentamiento entre rectores y diputados de Liberación Nacional
Esteban Arrieta [email protected] | Lunes 05 agosto, 2019
Aplicar la regla fiscal a las universidades públicas se traduciría en un ahorro de ¢12 mil millones al año para el Gobierno, según cálculos preliminares hechos por varios legisladores de Liberación Nacional que tratan de recortar el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) para el 2020.
Mientras tanto, Henning Jensen, rector de la Universidad de Costa Rica y máximo jerarca del Consejo Nacional de Rectores (Conare), resalta que la intención de los legisladores violenta la autonomía universitaria, por ello ha acudido a la Sala IV para tratar de evitarlo.
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La regla fiscal, contenida en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, establece un tope de crecimiento en el gasto corriente de 4,67 % para las instituciones del Estado.
Para 2020, las universidades públicas se repartirán unos ¢547 mil millones, incluida la Universidad Técnica Nacional.
Inversión
El Estado invierte miles de millones al año en la educación superior (cifras en miles de millones según el Consejo Nacional de Rectores).
| Año | Cantidad |
|---|---|
| 2020 | 547 |
| 2019 | 511 |
| 2018 | 496 |
| 2017 | 478 |
El eventual recorte ha generado una fuerte polémica entre los grupos enfrentados, e incluso los diputados Wágner Jiménez, Yorleny León y Roberto Thompson han calificado de “malintencionadas” las declaraciones de Jensen sobre el tema, acusándolo de querer confundir los temas para proteger salarios millonarios en la academia.
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“El rector Jensen pretende presentar la revisión que hacemos los diputados del gasto que realizan las universidades públicas como un ataque, y así intentar distraer la atención sobre las exigencias que hemos hecho, y que de nuevo reiteramos: rectores, cumplan con la regla fiscal, revisen a fondo y con seriedad sus políticas salariales y ajústenlas conforme a la realidad económica de nuestro país”, indica un comunicado firmado por los tres.
Para los legisladores, el dinero debe invertirse en aumentar la admisión de estudiantes y en becas, no en privilegios.
Mientras tanto, Jensen señaló que se pretende debilitar a la educación pública con estas medidas.
“Es preocupante que la comisión que analiza el FEES emita criterios anticipados y busque, desde ahora, modificar los artículos 84 y 85 de la Constitución Política para ejercer control sobre la educación superior pública. También, es preocupante que se digan falsedades, como que no respondemos con transparencia a todas las consultas que nos hacen. Esto evidencia que el objetivo de esta comisión no es fortalecer la educación superior pública, sino más bien debilitarla”, aseveró Jensen.
