Cámara de la Construcción investigará a empresas afiliadas salpicadas en caso “Cochinilla”

La Cámara Costarricense de la Construcción anunció este miércoles el inicio de una investigación de los supuestos actos de corrupción denunciados en el caso “Cochinilla” contra empresas afiliadas a esa organización.

Con ese propósito la junta directiva de la Cámara acordó de forma unánime convocar a su consejo consultivo, “para que inicie el debido proceso, con el fin de analizar los casos particulares de empresas asociadas que pudieran estar involucradas en estos hechos, a efecto de tomar todas las medidas necesarias que correspondan, en atención a nuestros estatutos”, dice el acuerdo.

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Tras el proceso interno podría recomendarse medidas disciplinarias que van desde una suspensión mientras se realiza el proceso judicial, hasta la expulsión definitiva de la Cámara, según sea el caso, destaca la Cámara en un comunicado.

“Rechazamos enérgicamente todo acto de corrupción o faltas a los valores éticos que deben regir a una empresa formal, y solicitamos vehementemente a las autoridades judiciales, que se llegue hasta las últimas consecuencias en los hechos denunciados, que afectan seriamente la imagen del país, del empresariado nacional y del sector construcción”, enfatizó Randall Murillo, director Ejecutivo de la Cámara.

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La Cámara Costarricense de la Construcción, representa a casi 500 empresas formales del sector construcción, incluyendo empresas constructoras, consultores en arquitectura e ingeniería, vivienda social, proveedores e industriales, desarrolladores inmobiliarios, entre otras, que emplean a unas 238 mil personas.

“Ese mismo esfuerzo, también se enfoca en promover el desarrollo del país, por lo que de ninguna manera permitiremos que el bueno nombre de nuestro sector, se vea manchado por el comportamiento impropio e ilegal de unos pocos empresarios”, concluyó Murillo.

El caso “Cochinilla”, implicó a las constructoras H. Solís, Meco, Herrera y Also Frutales, así como a las consultoras y supervisores ITP Ingenierías, Cacisa, Diccoc, entre otras.

Este caso se generó por el supuesto desvió de ¢78 mil millones del plan de conservación de carreteras mediante una presunta trama para favorecer a las empresas investigadas con millonarios proyectos que involucraría sobornos a funcionarios del Consejo Nacional de Vialidad.