La reforma debe permitir que se tomen decisiones en un tiempo razonable por las autoridades competentes, según las mayorías previstas constitucionalmente

¿Debe Costa Rica replantearse su sistema presidencialista?

Sin medias tintas: sí, porque nuestro sistema político responde a un diseño que dificulta hoy la gobernabilidad democrática.
Nuestra sociedad, aunque valora la democracia, se ha distanciado de la política y valora negativamente a los poderes Legislativo, Ejecutivo y Judicial. Nuestro modelo político se ha desfasado de las aspiraciones ciudadanas y del entorno (social, político, cultural, económico e internacional).
Según el Latinobarómetro, el tico medio cree que su voto cuenta poco y que no impacta realmente en las políticas públicas, no solo porque los mandatarios pueden olvidarse de sus promesas electorales, sino porque es posible que —aun si quisieran cumplirlas— no las puedan ejecutar por las trabas regulatorias o por el poder de otros grupos —no electos—. De hecho, cada vez más personas, de un signo o de otro, desencantadas del sistema, quieren que las decisiones se tomen al calor de las presiones callejeras.
La reforma debe permitir y fomentar una mayor gobernabilidad democrática. Esto es, que las autoridades del Ejecutivo, las mayorías parlamentarias y los gobiernos locales puedan cumplir los mandatos populares y aprobar las propuestas fundamentales en un plazo razonable, respetando los derechos fundamentales (constitucionales y humanos) y los derechos de las minorías.
Por tanto, no debe disminuir los derechos reconocidos y sus mecanismos de protección (Sala Constitucional, Tribunales, Defensoría), ni los controles de “legalidad” (CGR, PGR, Defensoría, Superintendencias, etc.). Pero, al mismo tiempo, la reforma debe permitir que se tomen decisiones en un tiempo razonable por las autoridades competentes, según las mayorías previstas constitucionalmente.
Avanzar hacia un sistema parlamentario (o semiparlamentario), puede ayudarnos a lograr una mayor gobernabilidad democrática, que permita la toma de decisiones, la adaptación y la disciplina de los partidos políticos, y los ajustes de gobierno para enfrentar crisis políticas sin rompimientos constitucionales.
También haría que la relación Ejecutivo-Legislativo sea más fluida, transparente y responsable, y que el Ejecutivo y los diputados asuman su responsabilidad política frente a la población. Asimismo, que impulsemos líderes de naturaleza democrática y nos vacunemos, hasta donde es posible, contra líderes mesiánicos o antisistema.
A ello puede agregarse una reforma electoral, un proceso de descentralización, una revisión de nuestra Administración Pública, del reglamento legislativo, de procedimientos judiciales, de los gobiernos locales, etc. Pero la reforma política es más sustantiva. Una reforma de esa magnitud es difícil porque enfrenta intereses de grupos y a la tradición presidencial-caudillista. Aun así, me parece viable desde el punto de vista político, social y jurídico en la Costa Rica de los próximos años.
¿Cuán profunda debe ser la reforma? Lo suficiente para acometer los cambios en la dirección de un modelo más parlamentario, pero respetando y dejando intacto todo aquello que funciona bien, que está arraigado en la sociedad y que nos ha costado tanto construir.
Se trataría de alcanzar la reforma, únicamente con los cambios constitucionales y legales estrictamente necesarios, tal y como propuso la Administración Rodríguez en 2001 y la Junta de Notables en la Administración Chinchilla en 2013.

Rodolfo E. Piza Rocafort
 

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