Fragilidad de finanzas preocupa al gobierno con renuncia de médicos especialistas

Para proteger las finanzas de una avalancha de reclamos salariales por la ley de empleo público, Rodrigo Chaves prefiere enfrentar una crisis en la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS).

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Ada Acuña, diputada oficialista del Partido Progreso Social, y quien ha asumido la defensa del Poder Ejecutivo sobre este tema en el Congreso, señaló que el traslado de 2 mil médicos especialistas del salario compuesto al salario global sentaría un mal precedente al abrir un portillo legal.

Si bien es cierto la CCSS no influye en el déficit fiscal del gobierno central, sí generaría la percepción de que el gobierno es débil en esta materia y muchos otros gremios, que sí afectarían el presupuesto del Estado, realizarían protestas y amenazarían con renunciar en masa para mejorar sus condiciones salariales, dijo Muñoz.

La diputada señaló que hay al menos cinco reclamos en la Sala IV para debilitar el impacto de la ley de empleo público, mientras que los legisladores también han presentado un par de proyectos para sacar a varias instituciones del alcance de la normativa.

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Uno de ellos fue presentado por la legisladora independiente Kattia Cambronero, quien pretende revertir la ley de empleo público para todos los puestos técnico-científicos de la autoridad judicial y, de esta forma, retener el talento humano. En este caso, se devolvería a los trabajadores la posibilidad de seguir acumulando incentivos durante toda la vida laboral, generando así una bola de nieve.

El otro proyecto es del socialcristiano Leslye Bojorges, quien pretende autorizar el traslado del personal de los cuerpos policiales del país, así como del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) y las policías municipales, al salario global. Esta propuesta dispararía el gasto público en materia de salarios, ya que incluye a todas las policías.

“Permitir el traslado de los médicos especialistas del salario compuesto al salario global no solo dispararía el gasto de la CCSS en salarios, sino que también abriría un portillo peligroso para las finanzas públicas, ya que otros sectores buscarían una solución similar”, dijo Acuña.

La ley de empleo público, que se puso en marzo de 2023, detuvo el crecimiento de los pluses salariales al fijar un mismo salario por puesto laboral en todo el gobierno central. En este caso, la idea es que una persona con iguales responsabilidades gane lo mismo en cualquier puesto similar en el Estado.

Sin embargo, en la práctica se han generado problemas, ya que en algunos casos los salarios definidos para los nuevos trabajadores terminan siendo más altos, en comparación con las personas que tienen años de trabajar en una institución.

Ese es el caso de los 2 mil médicos especialistas de la CCSS, que tienen un salario compuesto y que están amenazando con renunciar en masa si no son trasladados al salario global.

En ese sentido, el Sindicato Nacional de Médicos Especialistas (Siname) dio a conocer que, según la CCSS, la brecha salarial entre trabajadores antiguos y actuales duraría dos años en cerrarse, de acuerdo con una propuesta de la institución.

“La propuesta plantearía un cronograma de posible implementación, en un plazo no mayor a dos años, para cerrar la brecha entre el salario global y el compuesto”, dijo el sindicato, lo cual es inaceptable.

Ante la escasez de médicos especialistas y la posible renuncia, Mary Munive, jerarca de Salud, declaró una emergencia sanitaria para garantizar la continuidad y calidad en la atención de los servicios de salud a nivel nacional desde este fin de semana, cuando supuestamente se materialice la dimisión.

Las medidas incluyen la posibilidad de contratar profesionales extranjeros y acelerar los procesos de contratación.

“Sabemos que la falta de especialistas representa un desafío urgente que impacta la vida de las personas. Estamos actuando con firmeza y en coordinación con las instituciones del sector para ofrecer soluciones claras y efectivas. El Ministerio de Salud está comprometido desde su rol en garantizar la atención a la población”, expresó la ministra.

Finanzas en mal estado todavía

Debido a que el peso de la deuda pública superará el 60% del PIB durante todo el 2025, los empleados públicos se quedarán sin aumentos en todo el período, salvo los ajustes ordinarios por costo de vida.

En este escenario de incertidumbre, las estimaciones de Hacienda proyectan el descongelamiento de los aumentos que no sean por inflación después del 2028.

La regla fiscal impone un límite en el crecimiento al gasto público y las remuneraciones cuando la deuda del Estado supera el 60% del PIB, tal y como está sucediendo en este momento, según Nogui Acosta, ministro de Hacienda.

Esto significa que el gobierno invierte menos dinero en educación, salud, infraestructura, vivienda y otras áreas, pero también congela los salarios de los burócratas.