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Vladimir de la Cruz [email protected] | Miércoles 15 mayo, 2013

No se debe reducir a la mitad el porcentaje del PIB. Lo que debe prohibirse es la recaudación privada y asegurar que el porcentaje de PIB le llegue a todos los partidos políticos

PIZARRON

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Hace semanas se discute sobre el financiamiento del Estado a los procesos electorales que beneficia a los partidos que participan y que sacan al menos el 4% de votos o eligen un diputado.
Este financiamiento obligado en el Art. 96 de la Constitución Política es una forma de contribuir a los gastos de los partidos. Equivale la contribución al 0,19% del Producto Interno Bruto (PIB) del año trasanterior de la celebración de las elecciones, en colones de hoy a poco más de ¢40.000 mil millones (¢40.000.000.000,oo).
Junto a esta millonada se permite a los partidos recaudar contribuciones privadas, reguladas por ley y el principio de publicidad.
Este dinero se destina a satisfacer necesidades de capacitación y organización política, por lo que cada partido debe fijar en su presupuesto el porcentaje respectivo de estos gastos, que deben comprobar ante el TSE.
Nunca, en ninguna campaña electoral se ha gastado el total del PIB dispuesto para estos fines.
En buena práctica y teoría electoral nada de este dinero, a modo de ahorro o en sus cuentas, debe quedar al partido que así se beneficie, porque es para cubrir gastos contratados en la campaña. Cuando así sucede es porque algún proceso irregular se hizo en su gestión, o por la compra de los bonos que los Partidos emiten autorizadamente que pueden adquirir particulares.
No se debe reducir a la mitad el porcentaje del PIB. Lo que debe prohibirse en todo sentido es la recaudación privada y asegurar que el porcentaje de PIB le llegue, por medio del TSE, a todos los partidos políticos.
El mejor mecanismo que podría emplearse es distribuyendo, a modo de ejemplo, de la siguiente manera esos dineros. Tienen derecho a este financiamiento estatal todos los partidos que participan, ya inscritos y que participaron en el último proceso electoral y los nuevos que surgen para el próximo.
El dinero del PIB se usaría en un 50% (¢20 mil millones, que es más que lo que se gastó en toda la última campaña) para gastos de publicidad en medios de comunicación, donde los partidos deben promover sus programas y las calidades de sus candidatos. No se usaría para insultos ni degradar contrincantes, lo cual elevaría el nivel informativo, de discusión y ético de la campaña. De este 50% se destinaría la mitad, el 25%, a distribuir entre todos los partidos que participaron en la anterior campaña, que vuelven a participar, en proporción al número de votos obtenidos en esas elecciones, y el otro 25% se distribuiría en porcentaje igual entre todos los partidos del próximo proceso electoral, los anteriores y los nuevos. Es la única manera democrática de garantizar algo de dinero para poder divulgar programas a todos.
El TSE administraría el dinero contra los spots publicitarios que contraten los partidos y paga a los medios contra contratos publicitarios de los partidos, y garantiza el control de gastos el mismo TSE, que siempre lo hace a posteriori.
Todos los partidos, los medios de comunicación ganarían más dinero si de eso se trata, y los costarricenses ganan con esto, para estar mejor informados y tomar la mejor decisión, y no sería necesaria la franja que el TSE quiere imponer a los medios, pues con esta propuesta esa franja y más se paga por la misma contribución estatal.

Vladimir de la Cruz

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