Ley de empleo público al estilo UPAD

Cuando los diputados comenzamos el análisis de la Ley Marco de Empleo Público partimos de varias premisas fundamentales: en primer lugar, Costa Rica no es un país rico, más bien enfrenta serios problemas financieros, por lo tanto la normativa debe ajustarse a ese condicionante; en segundo lugar, la adecuada gestión del recurso humano en el gobierno nos puede hacer más competitivos y eficientes.

La tercera no por eso es menos importante, tiene que ver con que tenemos una oportunidad de oro para establecer un mecanismo transparente de contratación y promoción de todos los funcionarios; marcaria la ruta para eliminar los abusos que se han perpetuado en la administración pública, otorgándole de esta forma al país una herramienta eficaz que garantice procesos idóneos, cristalinos y ajustados a nuestra realidad.

Lamentablemente el esfuerzo no rindió frutos por la marcada tozudez del partido de gobierno en promover un documento que está muy lejos de lograr los objetivos propuestos y que, al contrario, podría perpetuar algunas de las nocivas prácticas que han contribuido con el enorme gasto público, cuyas consecuencias hoy sufrimos todos.

Tanto se aferra el gobierno a ese nocivo proyecto que, la semana pasada, su representante en el Congreso intentó que la comisión legislativa de Gobierno lo aprobara aún a sabiendas de que el proceso estaba viciado por violentar principios indispensables como la publicidad y la transparencia. La movida fracasó, dejando en evidencia una vez más las intenciones del PAC y sus aliados.

Hay muchas razones para gestionarle cambios a este proyecto. Uno de ellos es que esta plataforma integrada

le permitirá a Mideplan contar con información sensible de todos los empleados públicos, al mejor estilo de la malograda agencia de espionaje de Carlos Alvarado, la UPAD. Se trata de darle al ministerio las potestades que esa unidad presidencial no logró tener, y eso en democracia no tiene razón de ser.

Acostumbrado a hacer y deshacer en esta administración, Planificación se convertirá en el ente de mayor influencia política que estaría por encima de los poderes Legislativo y Judicial. El ministerio que hoy es corresponsable de la inacción y torpeza de este gobierno, tendría mucho margen para manejar los hilos de todas las instituciones públicas al mejor estilo del otrora partido de la ética.

La ley de empleo público que defiende el Ejecutivo está llena de inconsistencias y ni siquiera contó con el respaldo de la Contraloría y la Procuraduría; muestra errores conceptuales en temas de derechos adquiridos o incluso en la definición de una “alta administración pública”, un concepto jurídico demasiado amplio e impreciso.

El país no puede dejar abiertos portillos para que la política –y no la excelencia- sea la que determine la selección y promoción para las jefaturas, los puestos de dirección, o para que las onerosas convenciones colectivas sigan manteniendo los odiosos privilegios y beneficios que desangran las finanzas públicas.

El proyecto pretende meternos diez con hueco al suponer que los nuevos beneficios no monetarios no le costarán un cinco al Estado –cuando es bien sabido que, como lo establece nuestra legislación, por supuesto que se convertirán en dinero, en parte del salario- o al privilegiar evaluaciones del desempeño y productividad, cuyos modelos no han dado los resultados esperados.

Este proyecto de ley no debe ser visto como un remedio para vestir un santo, desvistiendo otro; sino como la mejor alternativa posible para garantizarle al país un aparato estatal eficiente, coordinado, equitativo, transparente y acorde con nuestra realidad. No podemos darnos el lujo de dejar escapar esta oportunidad.

Jonathan Prendas

Diputado

Nueva República