Magistrados consultarán proyecto de Empleo Público ante inquietud por intromisión de poderes

Los magistrados acordaron esta tarde consultar la legalidad del proyecto de ley de Empleo Público, aprobado por la Asamblea Legislativa el pasado 17 de junio, al justificar que afectaba el funcionamiento y organización del Poder Judicial.

De manera unánime, los 20 altos jueces que participaron en la sesión virtual de este miércoles, acordaron enviar el plan a la Sala Constitucional, por iniciativa de Fernando Cruz, presidente de la Corte Suprema de Justicia.

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A criterio de los magistrados, este proyecto infringe la división de poderes establecida en la Constitución Política, al incluir al Poder Judicial en un sistema de empleo público que será regido por el Ministerio de Planificación.

Así se los hizo ver Rodrigo Campos, director jurídico del Poder Judicial, en una amplia exposición sobre las presuntas inconstitucionalidades que presenta el proyecto en discusión, el cual es promovido por el presidente Carlos Alvarado.

Esta es la segunda oportunidad que los miembros de la Corte Plena advierten sobre la ilegalidad de esta iniciativa, luego de que el pasado 2 de junio se lo plantearan a la Asamblea Legislativa, tras una consulta previa a su votación realizada por los diputados.

El proyecto de Ley de Empleo Público trata de crear un sistema que promueve salarios iguales para funcionarios públicos de la misma categoría o rango; además establece procedimientos de medición del desempeño y sanciones, que alcanzaría hasta el despido, para los trabajadores públicos que no cumplan los parámetros establecidos.

Mediante este plan, el gobierno pretende ahorrar más de ¢314 mil millones al año en promedio, según las estimaciones de Pilar Garrido, ministra de Planificación.

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Actualmente la iniciativa está en estudio de la Sala Constitucional, luego de que diez diputados lo enviaran a consulta facultativa. Esta gestión se realiza entre el primer y segundo debate legislativo.

En caso de que los magistrados constitucionales consideren que el proyecto está apegado a ley, lo devolverá a la Asamblea Legislativa, para su segundo debate.

Sin embargo, en este caso para ser ley, requeriría del apoyo de 38 diputados –mayoría calificada– pues así lo consigna la normativa, toda vez que otro poder de la República, en este caso la Corte Plena, lo impugnara.