Marco Feoli: “Es perturbador que funcionarios encuentren en Nayib Bukele algo digno de copiar”

En materia de seguridad, derechos humanos e institucionalidad, El Salvador no tiene nada de imitable, según Marco Feoli, exministro de Justicia y actual integrante del subcomité para la Prevención de la Tortura de la Organización de las Naciones Unidas.

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Para el exfuncionario, “la mano dura” que algunas personas sugieren en un contexto de registro histórico de homicidios en Costa Rica, “es un canto de sirena”.

Fortalecer la vigilancia electrónica y la Oficina de Inserción Social para el acompañamiento de quienes salen de prisión, son opciones que deben plantearse, según Feoli.

Como usted bien sabe, el 2022 fue el año más violento de la historia para Costa Rica, ¿a qué se podría atribuir esta situación?

La mayoría de los homicidios se relacionan con el crimen organizado, la pugna entre bandas que controlan el mercado de tráfico de drogas. Por eso, el enfoque debería estar centrado en la desarticulación de las grandes estructuras. Quedarse en el narcomenudeo es seguir persiguiendo a los niveles más bajos.

¿Cuál debería ser la ruta que Costa Rica siga para reducir este preocupante índice?

Lo que se dice siempre: la represión no es la respuesta, pero sigue siendo la principal bandera de salida.

Esa solución es un canto de sirenas. Oiremos a quienes reclaman más mano dura ser escuchados porque todos queremos que la situación cambie y los discursos simplistas son, la mayoría de las veces, mucho más encantadores, aunque inútiles.

En lo que yo puedo opinar, a nivel carcelario, el país debería retomar la ruta de una reforma penitenciaria profunda, reforma que, desafortunadamente, pese a algunos intentos, seguimos posponiendo sobre todo desde el gobierno anterior.

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En materia legislativa, debe aprobarse la ley de ejecución penal, es necesario hacer modificaciones a la ley de vigilancia electrónica y ampliar los supuestos actualmente súper restrictivos de la justicia restaurativa.

En lo que concierne a la gestión administrativa, hay que fortalecer la Oficina de Inserción Social y robustecer las redes interinstitucionales para el acompañamiento de quienes salen de prisión.

En El Salvador se reporta la menor cantidad de homicidios de los últimos años, debido a la mano fuerte que ha aplicado el presidente Nayib Bukele, ¿debe Costa Rica pensar en una cruzada más directa para atender la criminalidad?

El Salvador, que por cierto ocupa, según el último índice sobre Estado de Derecho del World Justice Project, uno de los peores lugares -102 de 140- no tiene nada de imitable. Antes que nada, el tema de las maras no es comparable al de la delincuencia que padece Costa Rica.

Bukele ha concentrado todos los poderes y ha desmantelado la ya muy frágil institucionalidad salvadoreña. A mí me parece, en verdad, perturbador que haya quienes con responsabilidades institucionales aquí encuentren en Bukele algo digno de copiar. Lo de Bukele es un tema de principios que para un país con las tradiciones del nuestro simplemente resulta inaceptable. Es verdad que los homicidios -que eran de 100 o más por cada 100 mil habitantes- se han reducido, pero a un costo enorme que, como pasó en Guatemala en la época de Jorge Ubico Castañeda, solo el tiempo pondrá en perspectiva: ha habido inocentes detenidos, muertos en centros penales y desapariciones que el Gobierno sigue sin explicar.

Las cifras oficiales, en todo caso, son porosas la información no es pública ni de fácil acceso. Además se sabe que en los números que ofrece el Ejecutivo no se contabilizan riñas, femicidios o muertes en comisarías. Bukele ha desbaratado nociones básicas de un régimen democrático.

Volviendo a su pregunta, para cerrar, no, Costa Rica no necesita cruzadas, las cruzadas fueron guerras y es lo que menos se necesita. Se necesitan medidas inteligentes y políticas de largo alcance. Me temo, eso sí, que el discurso de 280 caracteres de personajes como Bukele, con toda la superficialidad que ello supone, es muy atractivo. Pero no, ni la situación es comparable con nuestro país en ningún extremo ni vamos a sacrificar la fortaleza de nuestro Estado de Derecho.

¿Cree usted que el país debe legalizar la marihuana con fines recreativos como ha propuesto el presidente Rodrigo Chaves?

Sí, la política de prohibición y criminalización en esta materia ha sido un fracaso. Los argumentos que se han dado en la Asamblea en algunos casos han resultado francamente penosos. No ha habido justificaciones técnicas para oponerse, son todas de orden moral. Es ridículo seguir con esta discusión en 2023. Las penas en Costa Rica para el comercio de la marihuana son desproporcionadas.

En días pasados, el presidente Rodrigo Chaves señaló de manera errónea que una persona con beneficio carcelario de tobillera cometió un crimen que culminó en un homicidio en un bus, ¿cuánto afecta este tipo de desinformación el sano debate?

No he seguido noticias, porque he estado fuera del país, así que no opinaré sobre la situación que me plantea. En todo caso, respecto a la vigilancia electrónica es importante entenderla como un avance porque nos acerca a los países a los que queremos parecernos -como a Chile y no a El Salvador- y a las recomendaciones que han hecho insistentemente los organismos internacionales, pero que, como cualquier política pública, no es estática.

Cuando inició el monitoreo -a partir de una ley en la que hubo implicación de dos administraciones- el programa arrancó con 180 personas, hoy hay 1500-. Y desde entonces han pasado 7 años. Es esencial contar con datos e información para hacer las mejoras que, seguramente, el transcurso del tiempo obligará a realizar. Ahora, en lo puramente legislativo yo creo que la ley actual requiere ajustes, esa es una tarea pendiente que sólo el congreso puede zanjar. Los medios tienen una responsabilidad también si, como suele pasar, se sobrerepresentan los casos de fracaso. Esto, desde luego, no es una excusa para las autoridades administrativas. Si hay un caso de fracaso en el que hubo negligencia habrá que sentar las responsabilidades que correspondan, pero no podemos pedirle a los funcionarios penitenciarios que predigan el futuro porque así no funcionan las cosas ni la vida real. Costa Rica quiere ser un país decente que apuesta por sanciones que se ajusten a los estándares internacionales. Es difícil transformar nuestra cultura punitivista, pero a eso iremos, sin duda. Quizás la clave está en dejar de ver el monitoreo como una alcahuetería para los delincuentes o una forma de impunidad, porque no lo es, y entenderlo como una segunda oportunidad -más racional y humanitaria- que se le da, por ejemplo, a la señora, madre soltera, que vendía drogas al menudeo para alimentar a sus hijos o al muchacho exadicto que se robó una “tronadita” hace 6 años y a los que prisionalizar no supondrá ningún beneficio para nadie. Todo lo contrario. Sin la inclusión de la vigilancia electrónica -un producto de las administraciones Chinchilla Miranda y Solís Rivera- en nuestro ordenamiento jurídico, el sistema penitenciario habría explotado. Ese es un contra-fáctico que, por eso mismo, nos cuesta ver para poner en perspectiva su importancia. Sin renunciar al valor que tiene, tampoco podemos obviar el debate respecto a qué mejoras hay que hacer. Esa es una tarea permanente y necesaria.