Más prepotencia fiscal
 

Ha trascendido en los últimos días que el Ministerio de Hacienda decidió unilateralmente la prohibición de importar carros del año siguiente entre enero y agosto de 2017, por lo que las agencias solo podrán importar los modelos 2018 hasta setiembre de 2017.

Para tomar semejante medida uno podría esperar que se tratara de una grave situación de salud (como dudosamente ocurre con los aguacates) o seguridad pública, pero en realidad, sin ningún sonrojo, la razón que se aduce es que según las fórmulas de valoración los vehículos actuales, la importación de los vehículos nuevos hace que se baje la base de cálculo de modelos anteriores y se recaudan menos impuestos.

La primera pregunta que surge es: ¿Quien ha diseñado esas fórmulas? ¿Han sido los contribuyentes o fue el propio Ministerio de Hacienda?

Obviamente ha sido el Ministerio de Hacienda, claro está vía decreto, pero quienes sufren las consecuencias son las distribuidoras de vehículos y quienes los adquieren.

Eso sí, al Ministerio de Hacienda nunca le ha preocupado el hecho de que el cálculo del impuesto de ventas que pagan los vehículos a la hora de su importación, siempre haya estado sobrevalorada y que los importadores de vehículos paguen en exceso dicho impuesto, el cual no pueden posteriormente recuperar a la hora de vender los vehículos, porque ese impuesto de ventas se cobró de forma total y definitiva por el importador (también por decisión del Ministerio de Hacienda), pero asumiendo que todos los vendedores de vehículos tienen un ilusorio margen de utilidad del 25%, cuando en realidad los márgenes de utilidad son mucho más bajos, debido a la feroz competencia del sector.

Pero en ese punto el Ministerio de Hacienda no toma ninguna medida, porque le queda muy cómodo seguir recaudando sobre una base ficticia.

No obstante, aquí el punto no se trata de que la prohibición a las importaciones recaiga sobre vehículos.

Daría exactamente lo mismo si se tratara de lápices, vasos o macetas. El punto es que el Ministerio de Hacienda no tiene ningún derecho o facultad de prohibir la importación de ninguna mercancía que se comercialice legalmente en el país.

Es una clara manifestación de prepotencia fiscal, que viola flagrantemente la Constitución Política, los tratados de libre comercio y el principio de legalidad, el cual instruye que los entes públicos únicamente pueden realizar los actos a los cuales están expresamente autorizados y desde luego, el Ministerio de Hacienda no está autorizado a prohibir la importación de ninguna mercancía aceptada legalmente para el comercio.

Aquí no se discute si las fórmulas de valoración están bien o mal. Si estuvieran mal no hay ningún problema en que procedan a “corregirlas” y que se paguen los impuestos de forma “más correcta”, pero la intención de Hacienda es claramente cambiarlas simplemente para que se paguen más impuestos, y por mientras de forma completamente ilegal prohíben las importaciones y por ende, las ventas de vehículos de nuevos modelos.

¿Qué va a pasar si después de seis meses de pensar cómo variar las fórmulas simplemente para cobrar más impuestos todavía no están contentos? ¿Extenderán la prohibición por seis meses más, un año, dos años? ¿Irán a hacer lo mismo con otras mercancías si no se recauda lo que Hacienda desea?

Por otra parte, cabe recordar que los impuestos que pagan los vehículos ya son de por sí absurdamente altos (y los seguros, el marchamo, los combustibles y demás), lo que provoca que sus precios en el mercado nacional también lo sean y a pesar de ello, ni este ni ningún Gobierno anterior se digna a darnos calles decentes para circular o un servicio de transporte público medianamente eficiente.

La situación descrita sienta un peligroso precedente de arbitrariedad del Poder Ejecutivo que no debe dejarse pasar por alto, no solo por un tema de respeto a la Constitución, los tratados internaciones aprobados por la Asamblea Legislativa y a nuestras leyes, sino porque legislar por la vía de decreto nunca ha sido nuestra tradición democrática.
 

Abogado Tributario
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