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Nate y sus repercusiones cantonales

Siany Villalobos [email protected] | Martes 24 octubre, 2017

Nate y sus repercusiones cantonales

Según informan algunos medios de comunicación, las autoridades del Ministerio de Obras Públicas y Transportes reportan que la tormenta Nate provocó una enorme cantidad de daños en carreteras, puentes y alcantarillas.

Lo anterior obliga a un trabajo inmediato para el restablecimiento de las rutas dañadas, para tal efecto el Gobierno cuenta con recursos de la Comisión Nacional de Emergencias, pero ante la magnitud de la devastación que provocó la tormenta, estos son verdaderamente escasos, además de otros recursos que se tramitan por medio de financiamiento en el Banco Mundial, para avanzar con las obras de reconstrucción.

Así las cosas, se entiende que las vías afectadas inician el proceso de rehabilitación, que muchas requerirán tiempo y dinero, y que se espera regresar a la normalidad en la medida en que las posibilidades lo permitan. Sin embargo, no se pude olvidar que Costa Rica cuenta con dos niveles de gobierno: el Gobierno nacional y el gobierno local, donde las municipalidades son las responsables de atender el 82% de la infraestructura vial de este país.

Con ese panorama la mayor parte de la destrucción del territorio nacional está bajo la responsabilidad de las autoridades locales; siendo la municipalidad el gobierno más cercano a la población y es quien tiene la imperiosa necesidad de resolver los problemas que les aquejan en vías, puentes, acueductos, accesos peatonales, escuelas, entre muchos más.

Dicho esto, es indispensable reconocer la poca flexibilidad del manejo de recursos económicos que tienen las municipalidades, debido a que se encuentran en el último trimestre de 2017, periodo en el cual concentran en el cierre de licitaciones para ejecutar y cumplir con las metas del año; esto, siempre que se llegue a contar con los recursos económicos que dependen de la recaudación y puntualidad de las y los contribuyentes en el pago de sus impuestos.

De igual manera al mes de octubre las municipalidades ya han concluido el proceso de planificación, elaboración y aprobación de presupuestos para 2018, la disponibilidad presupuestaria o liquidez es bastante limitada a esa altura del periodo.

Entonces, ante el escenario que viven los cantones afectados por la emergencia, tanto por la destrucción en la infraestructura como por la situación económica que agobia a buena parte de las municipalidades, y en cumplimiento del mandato constitucional que da la responsabilidad a los gobiernos locales de “La administración de los intereses y servicios locales en cada cantón…”; es imperativo que las Municipalidades ejecuten las potestades legales previstas en el Código Municipal y en la Primera Ley de Transferencia de Competencias, que contempla la coordinación interinstitucional para coordinar, diseñar, planificar y ejecutar entre los diferentes entes públicos presentes en cada cantón, como instancia responsable de la coordinación política cantonal.

Del mismo modo el Código Municipal señala que: “La municipalidad podrá ejercer las competencias municipales e invertir fondos públicos con otras municipalidades e instituciones de la Administración Pública para el cumplimiento de fines locales, regionales o nacionales, o para la construcción de obras públicas de beneficio común, de conformidad con los convenios que al efecto suscriba”. Pero además la Ley Nº 7914, Ley Nacional de Emergencia, obliga a formar los comités de emergencia regional y local, para organizar eficientemente las acciones institucionales y garantizar la participación de los habitantes en general, en la prevención y respuesta a emergencias.

En conclusión desde el punto de vista legal y de trámite, el asunto estaría resuelto, pero existe un factor detonante referido principalmente al contenido económico, ya que en la mayoría de las ocasiones los recursos llegan como acto de solidaridad del pueblo costarricense, mismo que puede aliviar el problema en un mes o tres, al igual que sucede con las ayudas que ofrece el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) como apoyo gubernamental, pero no podemos ignorar el contexto de la población que habita en estos cantones, dado que la realidad se posterga por periodos mucho más extensos y en la mayoría de ocasiones las autoridades nacionales se olvidan del problema con el transcurrir de los meses.

En este sentido, el compromiso gubernamental debe ser serio y duradero, basado en políticas públicas sostenibles en el tiempo para generar crecimiento, desarrollo e inclusión. Y no solo una intervención puntual en momentos de crisis.

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