Regulación de comisiones a datafonos, el Banco Central y la nueva ley 9831

Leiner Vargas [email protected] | Jueves 30 septiembre, 2021

Por muchos años Costa Rica ha tenido un sector financiero oligopólico que gracias a las carencias regulatorias se ha permitido que los agentes financieros lucren de manera extraordinaria con el dinero de los consumidores costarricenses, lo anterior, producto de prácticas de cartel u oligopolio que les han permitido fijar precios sin mayores controles sociales y regulatorios. En esta columna les voy a contar como nos han venido sacando el dinero de los bolsillos con las comisiones, de emisión y adquirencia por el uso de tarjetas de crédito y de débito, y sobre todo, la necesidad de corregir lo anterior de manera coherente con lo establecido en la ley 9831. Es claro que existen deficiencias importantes en la regulación que se pretende instalar desde el Banco Central y muy poca coherencia y transparencia con respecto a la metodología definida para obtener los precios topes de las comisiones, lo que claramente atenta contra el bienestar de los consumidores que podrían tener que pagar hasta tres o más veces, el promedio de la norma internacional en los países que tienen mejores prácticas.

Paso por explicar mis argumentos. Para que para que usted y yo podamos usar las tarjetas de crédito o débito se requiere de dos procesos sustanciales, el primero de ellos es la infraestructura tecnológica de soporte, que se paga como una comisión de adquirencia. Dicha comisión la reciben los Bancos o los grupos financieros que tienen el soporte y control de las tecnologías, así como, los derechos comerciales para poner sus marcas en las tarjetas. Lo segundo, los bancos o entidades emisoras de tarjetas, reciben una comisión por la administración del servicio asociado con la gestión del dinero electrónico, liquidando a los comercios y restando a nuestras cuentas bancarias cada vez que se pasa con una de sus tarjetas por el datafono. Estas dos comisiones conforman el costo directo de los negocios o comercios por tener a disposición de los consumidores los famosos datáfonos.

Hace algunas décadas atrás todo este negocio era carísimo para los proveedores, dado el escaso desarrollo tecnológico y los costos del equipo y el procesamiento en mucho manual en las oficinas de bancos, empero, hoy, dado que la tecnología y el desarrollo de nuevas aplicaciones robóticas y sistemas de transmisión de datos han evolucionado, el costo marginal de los servicios financieros tiende a ser cero. Así las cosas, Costa Rica ha tenido precios récord en este servicio de datáfonos con comisiones que llegaron a ser de hasta 14 por ciento entre ambos servicios, adquirencia y tenencia y administración de las tarjetas. Lamentablemente, el acuerdo tácito del oligopolio financiero, incluyendo a los bancos públicos costarricenses que han participado del Sindicato de la ABC, clásico cartel de precios en el mercado, fijaron por muchos años acuerdos sobre comisiones de cobro por uso de datafonos que han eliminado la competencia en el mercado.

Esta práctica de cartel oligopólico es prohibida en los países OECD, desde hace décadas, sin embargo, la escasa y capturada regulación del mercado financiero costarricense ha mantenido estos privilegios perversos al sindicato de Bancos y Emisores de Tarjetas en perjuicio de los consumidores. Así de claro, mientras en el mundo desarrollado las comisiones bajaron a menos de medio punto porcentual en ambos servicios en los últimos 10 años, el país siguió presa de la cartelización del mercado a cargo de Banco Central y sus entidades regulatorias. No es sino por la llegada de la ley # 9831 que el regulador, Banco Central, ha tenido que poner las barbas en remojo y permitir, una calendarización de rebaja en el factor del precio tope de dichas comisiones máximas del uso de tarjetas.

Sobre lo anterior, tenemos una dulce y una amarga, como decimos en el campo. Por una parte, hemos de felicitar a nuestros legisladores que han demostrado ser conscientes de la situación de los consumidores frente al escenario de pandemia que vivimos. Hemos de felicitar a los legisladores también por claramente dejar sentado que la propuesta de bajar las comisiones debe de usar una referencia de mejor marca y no una simple o antojadiza regla sin fundamentos metodológicos. La ley en su articulado deja claro que el Banco Central es el encargado de emitir el reglamento y la propuesta de caída de dichas comisiones en un ciclo de los próximos 5 años.

Pero como decimos en Grecia, “hecha la ley hecha la trampa”. Si bien la ley deja clara también que debe de usarse una referencia de mejor marca internacional, ahora es el Banco Central el que quiere de forma discrecional definir esa mejora práctica de una forma que perjudica claramente a los consumidores. Es por eso por lo que nos preguntamos: ¿Qué motivos tendrá nuestro Banco Central y sus autoridades para no hacer cumplir la ley?,¿Quiénes y por qué motivos quieren hacernos pasar un reglamento con países de referencia absurdamente elegidos, teniendo Costa Rica ya su ingreso a la OCDE y siendo parte de este importante club de mejores prácticas? Sigo preguntándome, ¿Por qué motivos al Banco Central le interesa tener una tasa o precio tope tres veces superior a la mejor práctica de los países OECD?

Según el MEIC existen 2.567.306 de tarjetas en circulación en el país, le vamos a seguir cargando al consumidor el triple de la norma más eficiente o mejor práctica internacional según quiere la autoridad regulatoria o vamos a ponernos de una vez como el país entrar al club de las mejores prácticas. Espero respuestas de quienes están a cargo de este tema. La propuesta emitida por el Banco Central a la fecha es inaceptable, viola claramente lo establecido en la ley y se casa con comisiones tope que son 300 por ciento más altas que la mejor práctica del mercado.

Recuerden que en el artículo 1 de la ley 9831 se dice “La presente ley tiene por objeto regular las comisiones máximas cobradas por los proveedores de servicio sobre el procesamiento de transacciones que utilicen dispositivos de pago y el funcionamiento del sistema de tarjetas de pago, para promover su eficiencia y seguridad, y garantizar el menor costo posible para los afiliados. El Banco Central de Costa Rica será responsable de emitir la regulación de la presente ley y de vigilar su cumplimiento, en atención del interés público y garantizar el menor costo posible para los afiliados, siguiendo las mejores prácticas internacionales.” Señores del Banco Central, que no entienden del español de la ley.

En mi próxima columna, “lo que es bueno para el ganso será también bueno para la gansa” espérenlo, les contaré los detalles de ¿quiénes? y ¿por qué? están obstaculizando esta reforma y estorbando en la disminución de las comisiones a datafonos. Miles de millones de colones que pagaremos los costarricenses por falta de una clara, correcta y transparente regulación de comisiones desde el Banco Central.

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