Salarios en zonas rurales son un 43% más bajos que en la ciudad

Los trabajadores de zonas rurales reciben un salario mensual un 43% más bajo que las personas en zonas urbanas; diferencia que se sustenta en el grado de escolaridad, tipo de labor y edad.

El sueldo promedio mensual por familia en la Gran Área Metropolitana (GAM) superó los ¢750 mil el año pasado; mientras que fuera de ella, rondó los ¢400 mil, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos.

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El salario representa un 80% de los ingresos de los hogares en el país y la mayor parte de la brecha recae en las diferencias en el grado académico alcanzado, un factor clave para acceder a empleos de calidad.

En la ciudad, un 25% de la fuerza laboral (391 mil personas) tiene más de un título profesional o técnico; mientras que en las zonas rurales solo un 10% (menos de 54 mil trabajadores).

El incumplimiento en el pago del salario mínimo es otra razón de importancia, pues afecta al 48% de los trabajadores que no reportan ingresos fijos y al 31% de los empleados del sector privado.

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“Los salarios mínimos se fijaban por ocupación, rama, provincia y cantón. Las diferencias regionales, que se circunscribían principalmente a la agricultura, desaparecieron en 1968. Por lo tanto, el decreto salarial no hace diferenciación por zona geográfica”, explicó Juan Alfaro, viceministro de Trabajo.

El 75% de la fuerza laboral se concentra en la GAM, donde la mayoría de los puestos laborales son en empresas de servicios, comerciales y manufactureras.

El restante 25% se localiza en zonas rurales, atareado mayoritariamente en actividades primarias como agricultura, ganadería o pesca; aunque también se pueden encontrar compañías de hotelería, transporte, enseñanza y administración pública.

La falta de equidad de género también se refleja en la contraposición urbano- rural, por ejemplo en la GAM las mujeres representan el 39% de la clase trabajadora, mientras que fuera de ella, se reduce al 29%.

“A pesar del crecimiento económico moderado del país, no se amplían las posibilidades del mercado laboral, lo que ha contribuido a un incremento de la desigualdad de los ingresos; la política de remuneraciones es un tema relevante en este aspecto”, agregó Alfaro.

La fórmula para fijar salarios se basa en dos factores fundamentales: el crecimiento del costo de la vida (inflación) y el aumento en el Producto Interno Bruto.

Parte de las soluciones para disminuir este desbalance de pagos es crear un sistema que eleve la cobertura y el impacto en ejes de acción específicos, entre ellos el salario mínimo, horas extras, feriados, propina, aguinaldo y comprobante de pago, agregó Alfaro.

Para tal efecto, el Ministerio de Trabajo ha elaborado un protocolo de inspección para las zonas con mayor vulnerabilidad laboral, con el fin de disminuir el incumplimiento del salario mínimo.

Organizaciones del sector privado también promueven tácticas para instar a los trabajadores a que dejen los empleos informales y de esta forma contribuir a la reducción del margen salarial.

Crear un ente único de recolección de impuestos y la eliminación de trámites obsoletos para iniciar negocios son parte de las propuestas que se plantean.

Desde 2011, los aumentos salariales tanto en zonas rurales como urbanas no han superado el 2% cada semestre, según la consultora PwC.
La proyección para finales de 2017 es que el aumento total anual sea del 3,3%, con respecto al mismo periodo de 2016, siendo la clase ejecutiva la más beneficiada, ya que las remuneraciones para esta población crecerán casi un 4% durante este año.

Todo indica que esta situación no mejorará en el corto plazo, ya que las condiciones profesionales seguirán debilitándose en lo que resta del año no solo en Costa Rica, sino en la región, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal).

“El empleo es la llave maestra para reducir la pobreza y la excesiva desigualdad en la región, las tendencias laborales recientes son altamente preocupantes. En efecto, se han frenado los avances en el combate de estos flagelos, lo que constituye un llamado a duplicar los esfuerzos para promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible”, señala el informe de Cepal.