Todo trabajador estatal sería incluido en la ley de empleo público

Sin importar si se trata de un catedrático universitario o un funcionario que labora en una empresa pública en competencia, todo trabajador estatal sería sometido a la nueva ley de empleo público.

Diputados de Liberación, la Unidad y Restauración, se oponen a hacer excepciones en la futura normativa que vendría a racionalizar el gasto en remuneraciones.

Y es que la ley de empleo público tiene como uno de sus objetivos acabar con las diferencias salariales en todo el aparato estatal, dijo Ana Lucía Delgado, diputada de Liberación.

Ayer, al filo de la tarde, los legisladores acordaron en una sesión de trabajo con Pilar Garrido, ministra de planificación, que las universidades públicas y los municipios no pueden ser excluidos, mientras tanto, los trabajadores de empresas públicas en competencia como el ICE o los bancos, se volverían a incluir en la ley de empleo público, aunque todavía no está claro bajo qué condiciones, ya que de momento se trata solo de acuerdos de las mesas de trabajo.

“Todos los funcionarios públicos deben ser parte de esta norma marco, pues hay elementos comunes que hay que estandarizar y unificar para hacer llegar transparencia, orden y equidad al sistema de empleo público. La Constitución Política define claramente que el Estado tendría un solo régimen de servicio civil, pero a partir de ahí, la legislación ordinaria fue creando una serie de regímenes. (...) Es necesario dar un marco de acción integrador y comprensivo que permita alinear al Estado hacia la aspiración del constituyente”, dijo Delgado.

El proyecto de empleo público establece un mismo salario para todos los trabajadores con iguales responsabilidades, sin importar si laboran para un ministerio o para una institución autónoma como la Caja y Recope o una universidad.

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Sin embargo, al calor del debate legislativo en la comisión de gobierno y administración, se aprobaron varias mociones para hacer excepciones y además, hay un movimiento impulsado por Paola Vega del PAC y el independiente Dragos Dolanescu, para exonerar a las universidades públicas.

Esto, sin importar que durante años los diputados de todos los partidos, han cuestionado el gasto del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES) y los millonarios salarios que devengan algunos de sus funcionarios.

“El plan que propone el gobierno no sirve, no incluye una evaluación de desempeño, por lo que la ineficiencia se mantendrá. Asimismo, deja por fuera a muchas instituciones indebidamente como los bancos, el INS, y el ICE y por si fuera poco, hay quienes quieren sacar a las universidades, lo cual, es inconveniente a todas luces”, dijo Pedro Muñoz, legislador de la Unidad.

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La iniciativa establecería un salario estándar y los trabajadores que ganen más de ese salario, no tendrían nuevos aumentos por conceptos de pluses.

Asimismo, sus aumentos ordinarios serían congelados mientras la deuda pública supere más del 70% del PIB, de acuerdo con la regla fiscal.

La propuesta se encuentra en su segundo día de mociones 137 y pronto pasará al plenario para su discusión y votación en primer debate.

“No deberían haber exclusiones en empleo público; es inaceptable seguir fomentando las diferencias salariales; si se quiere realmente un ordenamiento en el sistema de empleo público, se debe partir de no aplicar exclusiones en su cobertura. No es posible dejar a instituciones en condiciones privilegiadas. Para que la ley empleo público sea efectiva, no se debe aceptar ningún tipo de exclusión”, dijo Carlos Avendaño, diputado de Restauración Nacional.

Establecer un mismo salario para los empleados públicos con iguales responsabilidades, le permitiría al Estado ahorrar más de ¢314 mil millones al año en promedio, según las estimaciones que hace Pilar Garrido, ministra de Planificación.