Tren eléctrico sigue enfrentando retrasos por burocracia
Propuesta del proyecto no llegaría al Congreso hasta el segundo semestre de 2025
Esteban Arrieta [email protected] | Martes 17 diciembre, 2024 10:10 a. m.
El desarrollo del tren eléctrico en Costa Rica sigue presentando retrasos por estudios de factibilidad que no terminan de concretarse.
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Aunque el gobierno había prometido un avance significativo antes de finalizar noviembre, Álvaro Bermúdez, presidente del Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer), confirmó que la nueva fecha para presentar el plan será en enero de 2025.
“Hemos recibido algunos informes parciales, estamos haciendo las revisiones. Es un proceso complejo, no es que se entregan los informes y ya quedamos satisfechos. Llevamos mes y medio en este proceso de revisión”, explicó Bermúdez a CR Hoy.
El plan, una vez revisado, será entregado al ministro de Obras Públicas y Transportes (MOPT), Mauricio Batalla, para que evalúe su viabilidad.
Sin embargo, Batalla ha sido claro en que el futuro del tren dependerá de los diputados y no exclusivamente del Ejecutivo.
“Eso hay que llevarlo a la Asamblea Legislativa. Yo quisiera llevar el proyecto a un punto de no retorno, pero eso dependerá de los diputados. Si ellos quieren aprobar el dinero necesario, podríamos avanzar con la inversión inicial para el tren eléctrico”, afirmó Batalla en entrevista con La República.
El proyecto actual, diseñado por la administración Chaves, plantea un costo de $800 millones y un subsidio anual de $30 millones. Esto contrasta con la propuesta del gobierno anterior de Carlos Alvarado, que estimaba un gasto de $1.550 millones y un subsidio anual de $150 millones, cifras que Batalla calificó como insostenibles.
“El gobierno anterior planteó un tren eléctrico que implicaba un subsidio de $150 millones al año, algo imposible para las condiciones de Costa Rica. Estudios actualizados redujeron la proyección de demanda diaria de 200 mil a 102 mil pasajeros, basándose en encuestas más realistas de origen y destino”, señaló Batalla.
La incertidumbre y los retrasos ponen en duda la viabilidad del proyecto, cuyo debate en la Asamblea Legislativa no iniciaría antes del segundo semestre de 2025.
