“Acuerdo de Escazú es inconstitucional”, insisten industriales

Que se ratifique el Acuerdo de Escazú en la Asamblea Legislativa es un riesgo para el ambiente de reactivación económica que promueve el Gobierno, considera la Cámara de Industrias.

El acuerdo en cuestión, que actualmente se debate en el Congreso, tiene vicios de inconstitucionalidad, estimó por su parte Enrique Egloff, presidente de dicha Cámara.

“Es preocupante que la Asamblea Legislativa llegue a aprobar el denominado Acuerdo de Escazú que presenta inconstitucionalidades, tanto en su regulación general como en su articulado y además genera inseguridad jurídica y una pésima señal para el sector productivo, que es el principal actor para la reactivación económica y la generación de empleo que tanto necesita el país”, apuntó Egloff.

Los industriales esgrimen diez puntos por los que ratificar el acuerdo sería perjudicial para el clima de inversión.

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Entre ellos argumentan que existe una mala interpretación sobre la carga de la prueba en delitos ambientales; el acuerdo provocaría la paralización de proyectos bajo cualquier denuncia ambiental; y que este no es innovador en el sentido de la participación pública y el acceso efectivo a la justicia en materia ambiental.

Otros problemas señalados son la denominación de “autoridad competente” a organizaciones privadas, el impacto económico de apegarse al acuerdo y una posible pérdida de la confidencialidad de la información concerniente a los alcances del tratado.

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“Para los industriales, su participación en múltiples programas para incrementar la competitividad del sector productivo con un menor impacto en el ambiente y procesos voluntarios de descarbonización, son muestra de que están a favor de la conservación del ambiente y el desarrollo sostenible, pero no pueden permitir la aprobación de leyes con vicios de inconstitucionalidad y que vayan en contra de la generación de empleo”, finalizó Egloff.

El tratado mencionado es un acuerdo regional vinculante sobre derechos humanos y medio ambiente, que tiene como centro el cumplimiento del principio 10 de la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente, para garantizar en América Latina y el Caribe los derechos de acceso a la información ambiental, la participación pública en la toma de decisiones ambientales y el acceso a la justicia en asuntos de este tipo.

Lleva el nombre de la ciudad josefina, precisamente porque fue el lugar donde se firmó.