Joven con tobillera electrónica se arriesgó para no perder empleo

Luis Fernando Cascante para La República
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“Cuando me pusieron la tobillera, me dijeron: usted no puede salir del hogar, no puede estudiar ni trabajar; tiene que esperar y solicitar los permisos que requiera, y eso se lo tiene que avalar un juez”, relató Joshua Chavarría, una de las 320 personas que han estrenado la nueva modalidad de vigilancia electrónica para privados de libertad.

Joshua, de 21 años, solo estuvo en la cárcel dos días y calificó para recibir una tobillera. Encajaba en el perfil que el sistema buscaba: autor de un delito con pena menor a seis años, primario (que no tiene otros cargos en el pasado) y demostradas intenciones de reformarse.

El joven fue sentenciado a cinco años de prisión por robo agravado, tras un asalto que cometió en conjunto con Stephanie, su pareja. El delito lo cometió por necesidad e inmadurez, admite.

Ambos viven en una casa humilde con su hija Catalina, de tres años, en San Juan de Dios, Desamparados, un barrio azotado por la violencia y la venta de drogas.

Joshua la tuvo difícil para llevar alimento a su hogar. Cuando recibió el beneficio, trabajaba como guarda para una empresa de seguridad en Escazú. Una vez que le colocaron la tobillera, no podía salir de su casa, esto le imposibilitaba desplazarse hacia su trabajo o recibir tutorías en la Unidad Pedagógica Sotero González, donde termina sus estudios de secundaria.

"En la cárcel te dan comida y trabajo. Acá hay que esperar meses para que te dejen trabajar y yo tengo una niña de tres años que necesita comida", comentó Chavarría, quien porta esta tobillera electrónica desde que el programa dio inicio, en febrero de este año. Gerson Vargas/La República

Tampoco podía llevar a su hija a jugar al parque ni a comprar leche al súper. “Cuando cometés un delito, pensás que solo pagás vos, pero lo termina pagando la familia”, afirmó.

“Fui a trabajar el mismo día que me pusieron la tobillera, sabiendo que corría un riesgo grande. Me entró una llamada de monitoreo electrónico diciendo donde estaba. Me dijeron que debía estar en mi casa; les dije que tenía que laborar. Era el último día de la quincena, si me despedían, al menos quería tener la quincena completa para luego tener recursos para movilizarme y buscar trabajo”, contó.

Manuel Delgado, jefe de la Unidad de Monitoreo Electrónico, constató que Joshua estaba trabajando y extendió un permiso preliminar mientras esperaba la decisión del juez.

“No es posible que una persona que tenga monitoreo electrónico deba estar 24 horas en su casa, eso distorsiona el entorno familiar. El mecanismo no ofrece las características para una reinserción efectiva”, comentó Delgado.

La audiencia llegó debido a los reportes que se generaron por incumplimientos en el uso de la tobillera: al no reportar cambio de domicilio cuando se fue de la casa de la mamá, otro por una vez que se abrió el dispositivo mientras trabajaba y el primero, cuando fue a trabajar en el primer día de vigilancia electrónica.

Lo que parecía ser la antesala de su traslado a una cárcel, se convirtió más bien en una oportunidad para que el juez diera su aval definitivo para trabajar y estudiar. Sin embargo, esto pudo evitarse si el permiso laboral se discute antes de poner el brazalete.

Antes de que entraran en vigencia las nuevas tobilleras electrónicas, Joshua tenía que firmar en un juzgado. Pidió un permiso de trabajo que tomó casi ocho meses y varias audiencias, por lo que su solución tuvo que ser resuelta provisionalmente por los encargados de su vigilancia.

Para Roy Murillo, juez de ejecución de la pena, los permisos de trabajo y las condiciones deben estar fijadas al momento de otorgar el brazalete y no después.

“Joshua es guarda de un centro comercial, no van a esperarlo a que le den un permiso. ¿Dónde encuentra trabajo meses después cuando se emiten los permisos? ¿Cómo encontrar trabajo si la decisión judicial es quedarse encerrado?”, cuestionó Murillo.